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Acuerdo en la UE sobre el texto de la quinta directiva antiblanqueo

Acuerdo en la UE sobre el texto de la quinta directiva antiblanqueo
jueves 18 de enero de 2018, 16:15h
Acceda al texto de la Directiva

El 20 de diciembre de 2017, los representantes permanentes han refrendado el acuerdo político alcanzado entre la Presidencia y el Parlamento Europeo sobre la adopción de normas reforzadas de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El proyecto de Directiva persigue dos objetivos principales:

  • impedir que se utilice el sistema financiero para financiar actividades delictivas
  • reforzar las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala

El propósito es acabar con la financiación de actividades delictivas sin poner trabas al funcionamiento normal de los mercados financieros y los sistemas de pago. El texto acordado, que modifica la Directiva (UE) 2015/849, busca el equilibrio entre la necesidad de aumentar la seguridad y la protección de los derechos fundamentales y las libertades económicas.

La propuesta forma parte de un plan de acción de la Comisión contra la financiación del terrorismo, establecido en 2016 tras la oleada de atentados terroristas cometidos en Europa.

«El acuerdo alcanzado hoy es un paso importante en la eliminación de los medios de que disponen los terroristas —ha afirmado Toomas Tõniste, ministro de Hacienda de Estonia, que ejerce actualmente la Presidencia del Consejo—. Contiene nuevas medidas que ayudarán a las autoridades a controlar mejor los flujos financieros y a desmantelar la financiación de las redes delictivas».

Las principales modificaciones introducidas en la Directiva (UE) 2015/849 son las siguientes:

– Se mejora el acceso a los registros de titularidad real, a fin de aumentar la transparencia en lo relativo a la titularidad de sociedades y fideicomisos. Asimismo los registros estarán interconectados para facilitar la cooperación entre los Estados miembros. El acceso a la información sobre la titularidad real previsto es el siguiente:

  • acceso público a la información sobre la titularidad real de las empresas
  • acceso por razones de «interés legítimo» a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos y las estructuras jurídicas similares
  • acceso público, previa solicitud por escrito, a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos que sean propietarios de una empresa que no esté constituida en el territorio de la UE

Los Estados miembros conservarán el derecho a ofrecer un acceso más amplio a la información, de conformidad con su Derecho nacional.

– Se abordan los riesgos relacionados con las tarjetas prepagadas y las monedas virtuales. El umbral para la identificación de los titulares de las tarjetas prepagadas se rebaja de 250 euros a 150 euros y se amplían los requisitos de verificación del cliente. Las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos tendrán que aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente, lo que pondrá fin al anonimato asociado a dichos intercambios.

– Se mejora la cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros. Estas unidades tendrán acceso a la información de los registros centralizados de cuentas bancarias y cuentas de pago, lo que les permitirá identificar a los titulares de cuentas.

– Se mejoran los controles a terceros países de alto riesgo. La Comisión ha elaborado y actualiza periódicamente una lista armonizada de países no pertenecientes a la UE con deficiencias en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales. Serán necesarias más medidas de diligencia debida para los flujos financieros procedentes de estos países. La lista se ha establecido a partir de la lista elaborada para el ámbito internacional por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Siguientes etapas

A continuación, el Parlamento y el Consejo deberán adoptar la propuesta de Directiva en primera lectura.

En el Consejo se requiere una mayoría cualificada. (Base jurídica: artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

FUENTES: Comunicado de prennsa Comisión UE

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