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La Evaluación Nacional de riesgos de blanqueo de Panamá

La Evaluación Nacional de riesgos de blanqueo de Panamá
jueves 26 de enero de 2017, 08:31h
El MEF presentó la "Evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo" con el mensaje de que se trata de un nuevo avance en materia de transparencia financiera y como herrameinta para salvaguardar la plataforma de servicios financieros.
Durante su presentación, el Ministro De la Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años y que en febrero de 2016, Panamá salió de la lista gris del GAFI
Desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros ha realizado 66 supervisiones a los sectores de más alto riesgo, como Zona Libre de Colón, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros. De estas supervisiones, se han iniciado 11 procesos sancionatorios.
“Cada organismo de supervisión ha iniciado con decisión la supervisión basada en riesgo, de sus sectores. Más de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas. Y todos los organismos de supervisión están publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios”, precisó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Avances en el marco legal
• La Ley 10 y Ley 34, que criminaliza el financiamiento del terrorismo y penaliza de acuerdo con los estándares internacionales.
• La Ley 18 eliminó las Acciones al Portador. Desde el 2015, certificados de acciones no pueden ser emitidos al portador. Las acciones de todas las sociedades que tienen relaciones con la banca deben estar registradas e identificar al beneficiario final.
• La Ley 23, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permite congelar automáticamente activos vinculados a financiar terrorismo y armas de destrucción masiva.
• La Ley 11 asegura los procedimientos para la cooperación internacional en ausencia de tratados con otras jurisdicciones.
• En septiembre de 2016, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley No.363, un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA).
• La Ley 51 establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información para fines fiscales con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país.
• La ley 52 obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.
• Y la semana pasada se presentó en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal (MAC, por su siglas en inglés).
Conclusiones
Desde la perspectiva de blanqueo de capitales, en Panamá se produce el blanqueo del producto del delito generado en Panamá, como lo es de por ejemplo corrupción, delitos financieros, narcotráfico. Por otro lado, Panamá es vulnerable para que se blanquee el producto de delitos precedentes cometidos en el exterior, como son por ejemplo aquellos relacionados con el crimen organizado. Y, por último, algunos servicios y estructuras jurídicas creadas en Panamá pueden ser mal utilizadas en el exterior para blanquear el producto del delito precedente también generado en el exterior.
A nivel de financiación al terrorismo, la amenaza es externa, aunque es una amenaza baja pues Panamá no tiene sus principales relaciones comerciales y financieras con países de influencia terrorista, según aquellas organizaciones definidas por las naciones unidas. Pero también las vulnerabilidades son bajas puesto que se tiene un marco legal sólido y unas instituciones con la capacidad de investigar este delito en caso de darse un caso.
En cuanto a las vulnerabilidades sectoriales, los sectores de mayor riesgo son las zonas libres, principalmente la de Colón por ser la de mayor flujo comercial, el sector inmobiliario y de construcción. Esto sectores han sido recientemente incluidos en la normativa contra el Blanqueo de capitales como sectores obligados, esto significa que la formalización de estos sectores está en proceso de implementación. Igualmente, se han iniciado los procesos de supervisión. Pero considerando los nuevos sectores, estos son de mayor riesgo, puesto que son los de mayor impacto para la economía del país. Sectores como los abogados, y remesadoras, aunque también están en proceso de implementación de las nuevas reglamentaciones relativas al blanqueo de capitales, y su supervisión haya iniciado, el riesgo para el blanqueo de capitales es alto, aunque su impacto para la economía es menor que los sectores anteriores. No obstante, las actuales estructuras jurídicas, como las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado, actualmente constituyen un factor de riesgo, puesto que, en algunos casos han sido objeto de uso indebido en otras jurisdicciones.
El sector financiero tradicional panameño que incluye el sector bancario, seguros, valores y las cooperativas de ahorro y crédito, es el sector con mayor trayectoria en la implementación de estas medidas de prevención, así como en la supervisión y por tanto su riesgo es menor también en comparación a las zonas libres y el sector inmobiliario y de construcción. No obstante, es importante resaltar que de estos sectores financiero, el sector bancario tiene una mayor exposición al riesgo por sus relaciones comerciales internacionales, algo que se difiere de valores, seguros y las cooperativa que tienen una menor influencia internacional.
Recomendaciones
Continuar fortaleciendo los procesos de supervisión de todos los sujetos obligados financieros y no financieros así como de los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.
Fortalecer los procesos de cooperación internacional relativos al intercambio de información contable de las sociedades.
Aprobar el Proyecto de Ley que busca robustecer las facultades de regulación del negocio de fideicomiso, lo que coadyuvará a subsanar algunos vacíos en este mercado.
Continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para dar apoyo a las jurisdicciones donde se identifique un mal uso de entidades registradas en Panamá.
Capacitar a todos los operadores judiciales en los retos del nuevo sistema penal acusatorio en la investigación de delitos complejos como el blanqueo de capitales. Fortalecer las capacidades de actuación de la DIJ al crear una policía especializada en el blanqueo de capitales, con un equipo de menor rotación, con mayor recurso humano y financiero.
Fortalecer las capacidades de la Aduana al aumentar el recurso humano, financiero y tecnológico.
Fortalecer el trabajo coordinado interinstitucional entre UAF y Procuraduría creando protocolos de actuación sobre el flujo de información entre entidades para optimizar la información de inteligencia financiera.
Continuar fortaleciendo los procesos en materia de cooperación con otros Estados.
Fortalecer la Unidad de Blanqueos de Capitales y Financiamiento de Terrorismo de la Procuraduría, en recurso humano y tecnológico.
Continuar fortaleciendo el recurso humano de la UAF, al igual que el recurso financiero, lo que permitirá mejorar la calidad de cooperación y reducir aún más los tiempos de respuesta a las solicitudes de información. Fortalecer la UAF con nuevos programas tecnológicos como el software analítico, y una mejora al sistema de distribución de los listados provenientes de naciones unidas a los sujetos obligados
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