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México impulsa la extinción de dominio para recuperar activos de la corrupción

La procuradora general de la República, Arely Gómez, adelantó que está listo un proyecto de iniciativa en materia de extinción de dominio (entendiendo esto como el mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos) para mejorar la capacidad de ataque a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y destinar los recursos incautados a la reparación del daño de las víctimas.

La iniciativa sería presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, propuesta elaborada por la PGR, la Secretaría de Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la IX reunión plenaria de los senadores del PRI, la procuradora dijo que el propósito de la iniciativa es modernizar y adaptar la figura de extinción de dominio a las circunstancias y exigencias actuales.

Cabe destacar que en julio del 2015, José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, aceptó que la PGR es ineficaz para aplicar la figura de extinción de dominio.

A nivel federal, la figura permitió que en seis años el Estado le quitara al crimen organizado 22 millones 380,100 pesos, 1 millón 961,400 dólares, 61 bienes, 46 inmuebles y dos vehículos.

Por otro lado, la procuradora dio a conocer que en los últimos cinco años, se ha presentado un incremento de 76% en la obtención de sentencias condenatorias por actos de corrupción y se ejerció acción penal en contra de 280 personas.

Asimismo, saludó el aval a las leyes secundarias anticorrupción, y en este contexto mencionó que hay 608 averiguaciones previas y carpetas de investigación por probables delitos cometidos por servidores públicos.

Añadió que en la materia se concluyeron 962 investigaciones, las cuales estaban abiertas desde antes de su llegada a la institución.

Por su parte, la procuradora dijo a los senadores coordinados por Emilio Gamboa que el caso Ayotzinapa sigue abierto y van 850 labores de búsqueda de los estudiantes normalistas; incluso, se ha consignado a 168 personas involucradas, de las cuales 54 son policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y el resto son integrantes, cómplices o asociados del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Agregó que para este caso se obtuvieron 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión por delitos como secuestro, delincuencia organizada, 
desaparición forzada, homicidio y portación de arma de fuego.

Fuente: El Economista

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