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Corrupción, recuperar lo robado

Por Federico di Pasquale

lunes 25 de julio de 2016, 08:40h
Corrupción, recuperar lo robado

En Argentina, la sociedad se hastió y pidió nuevas medidas como la ley del arrepentido y la extinción de dominio

Pero es preciso actuar ya con las herramientas existentes del código penal como el decomiso sin condena

Frente a los sucesos acontecidos durante los últimos meses relativos a los casos de corrupción, pareciera aflorar en el común de la sociedad dos frases; “Basta de impunidad” y “Que devuelvan el dinero robado”. Esta reacción fue anticipada y recogida por algunos pocos sectores políticos durante la última campaña electoral. Ahora bien, frente al nuevo escenario social, al ver como los bolsillos de muchos ciudadanos se están viendo vaciados, y otros fueron obscenamente cargados y pesados, la sociedad, de a poco, se está despertando. La realidad superó a la ficción, y recién ahora, se está teniendo conciencia de los flagelos que provoca la corrupción. Esperemos que no sea un simple brote espasmódico coyuntural, y que de una vez por todas se pueda intentar acabar con la impunidad. Algunos miembros del Poder Judicial, también, se despertaron bastante tarde de su letargo. No se sabe si, por el miedo al escarnio social, o por el simple hecho que no quieren seguir siendo tan cómplices de la impunidad. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿Se comenzó a reactivar este complejo engranaje y desprestigiado aparato judicial con algunas y fugaces detenciones, o sólo es una pequeña dosis para calmar a una sociedad hastiada?

En el mismo sentido que se habló durante la campaña electoral acerca de la llamada “Ley del Arrepentido”, que sí estaba prevista para algunos delitos, tales como el lavado de activos, ahora se reclama, también, la denominada “Ley de Extinción de Dominio” para recuperar los bienes de origen delictivo, y para ser más específico, los bienes arrebatados descaradamente a los ciudadanos por la endémica y sistemática enfermedad, denominada corrupción.

Mientras los mal llamados “ladrones de cuello blanco”, ya sean públicos o privados, continúan transfiriendo, administrando, vendiendo, etc., estos bienes, siendo imputados, investigados y hasta procesados; la política y los funcionarios siguen debatiendo, amén de sus egos, un proyecto de ley similar al ya comentado, en teoría, para recuperar lo robado.

Más allá de esta interesante propuesta que se plantea acerca de la creación de un instituto nuevo, o mejor dicho importado, que regule un modelo autónomo e independiente, cuya misión sea perseguir paralelamente de la investigación penal no sólo a los sujetos involucrados; sino, también, a la “res”, o a las cosas –bienesproducto de esos delitos, a imagen y semejanza, tal como ya existe desde hace varios años en otros países latinoamericanos, lo importante es actuar ¡YA!

Nuestro añejado código penal cuenta con herramientas legales suficientes para impedir que dichos delincuentes continúen operando y gozando de dichos bienes como si nada o nadie viera lo que está pasando, o valga la redundancia, pesando y cargando.

Efectivamente, tal como aconteció con la incorporación de la figura del arrepentido o colaborador eficaz, mediante la Ley 26.683 -reforma de la Ley 25.246 sobre Lavado de Activos-, también se agregó al Código Penal, el artículo 305, y modificó el artículo 23 del citado cuerpo legal. Allí, le atribuye al juez la potestad de adoptar “desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes” Léase, entre otros el lavado de dinero.

Párrafo aparte incluso el legislador, fue más allá de lo requerido por las convenciones internacionales, y otorgó la posibilidad de lo que en la jerga judicial, se denomina, el decomiso sin condena o el decomiso anticipado. ¿Qué significa esto? que el juez, salvo contadas excepciones, además de contar con las herramientas necesarias para que el dinero o los bienes que fueron producto u objeto del delito sean desde el inicio asegurados, embargados, inhibidos, y/o, congelados, para que estos no se transfieran, o mejor dicho no se esfumen, se licuen, etc., mientras dure el proceso; pueda directamente ejecutarlos de modo definitivo sin que se haya dictado una condena.

Es bien sabido que las personas que cometen este tipo de delitos, su afán y su pecado es la avaricia y la codicia, y su tentación que los termina muchas veces acabando, es la ostentación. Poco les importa tomarse un tiempo tras las rejas, siempre y cuando tengan la fe y esperanza que mientras permanezcan con la boca cerrada y la venia del juez, volverán en un tiempo a disfrutar de su dinero y sus joyas.

Por ello, y amén de privar sus libertades individuales circunstancialmente, lo que más les perjudica a muchos de ellos y a sus familias, es no poder disfrutar de ese uso y goce de los bienes materiales mal habidos. A éste tipo de organizaciones criminales, y muchas veces familiares, es sumamente importante privarlas de esos bienes para que no sólo sigan operando y cooptando voluntades, sino, también, para alivianarles ese peso que han cargado durante tantos muchos años con esos bolsos sobre sus espaldas. A esto me refiero, en síntesis, que más allá de seguir el plan de vuelo, hay que ir por la ruta del dinero. Obviamente, hasta que esos bienes vuelvan definitivamente a las arcas del Estado. Para ello, es fundamental que exista un organismo autárquico e independiente que se encargue de administrar y cuidar esos bienes para que no se deterioren, entre otras cosas, durante tantos años. Aquí, es donde sería bueno detenerse a pensar. ¿Por qué no se embargan, inhiben, etc. estos bienes en tiempo y forma, si las herramientas legales, están?

Para finalizar, y a modo de ejemplo, recuerdo que no hace mucho tiempo atrás, había dos hermanos que compartieron un sueño. Ese sueño no era una fábula, pero sí se trataba, en principio, de construcción de casas con dinero de las arcas del Estado. Obviamente, ese dinero no fue ni una cuarta parte a la construcción de esas casas, ni tampoco, tenían planificado construirlas sobre rocas. Ese dinero, o gran parte, fue a los bolsillos de esos dos hermanos, como así también, a otros “chanchitos” que se encargaron de lavarlo y secarlo. Ahora bien, más allá que la historia es larga y está un poco empolvada, recuerdo muy bien que en el mismo momento de formular la denuncia correspondiente se requirió el embargo y la inhibición de todos los bienes que tenían registrados. El juez que estaba acostumbrado a estar en el chiquero, estuvo ávido de hacerlo, amén que fue por otras intenciones. Aquí viene la moraleja; los chanchitos estaban desesperados ya que frente a ese acto no se encontraban hidratados, y ni siquiera podían pagar a sus abogados. Intentaron rápidamente desprenderse de algunos de sus bienes mal habidos para conseguir líquido suficiente, y así alimentar a sus descendientes, y a sus letrados, pero tanto ellos y su notario fueron apresados. En síntesis, y más allá de cómo terminará, en definitiva esta historia, lo importante fue ver la desesperación de los chanchitos al ver que sus tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias eran congeladas y no podían disponer, ni siquiera de sus autos. Ahí nos dimos cuenta que, tal como nos habían contado nuestros hermanos latinos y americanos, si se actúa con celeridad y eficacia, y se va no sólo tras las personas, sino por el rastro de sus bienes, el chancho, muchas veces deja el chiquero para ir al gallinero, y con un poco de suerte nos canta todas las mañanas, ahora sí, sin los huevos de oro.

FUENTE: Autor para controlcapital.net

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