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Nueva Ley contra el lavado de activos en Ecuador tras la objeción del presidente

jueves 14 de julio de 2016, 09:30h

En los próximos días, la Legislatura remitirá al Registro Oficial el proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, luego de resolver la objeción parcial enviada por el Ejecutivo a este cuerpo legal.

A través de la ley se fortalece la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a efectos de que sea una institución más operativa en la lucha contra el lavado de activos. Constituye una dependencia competente para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Estará adscrita como una entidad autónoma al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus competencias.

En materia de régimen institucional determina que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos, por tanto, emitirá las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos.

Además deberá diseñar y aprobar políticas, normas y planes de prevención y control del lavado de activos y financiamiento de delitos; emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los sectores de la actividad económica y financiera de su competencia; y, absolver las consultas que la Dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, estimare necesario someter a su consideración.

Se precisa que las instituciones del sistema financiero y seguros en cuatro días, deberán reportar a la UAFE las operaciones económicas inusuales e injustificadas.

Se amplía la lista de los sujetos que están obligados a informar a la UAFE. En tal virtud, a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias.

Así mismo, las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; hipódromos; montes de piedad y casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; los promotores artísticos y organizadores de rifas; los registradores de la propiedad y mercantiles. Los sujetos obligados deberán reportar las operaciones y transacciones económicas, cuyo valor sea igual o superior a 10 mil dólares. Además se autoriza a la UAFE para que mediante resolución incorpore nuevos sujetos obligados así como solicitar información adicional.

Para precisar el ámbito de la intervención de la UAFE se aclara que su máxima autoridad tendrá la potestad para dirigir operaciones de análisis financiero y económico, dejando en forma tácita que la responsabilidad de la investigación corresponde a la Fiscalía; además, se determina que el próximo titular de la UAFE asuma protagonismo y responsabilidad, dentro de los procesos penales que se inicien por el delito de lavado de activos; así mismo se señala que exfuncionarios/as de esta Unidad que revelen o utilicen ilícitamente información reservada serán sancionados con multa de 10 a 20 salarios básicos unificados.

Respecto de las faltas administrativas y sus sanciones prevé que si a pesar de la imposición de la multa, no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la UAFE la información solicitada, el respectivo órgano impondrá al sujeto obligado, como medida cautelar, la suspensión temporal del permiso para operar, la cual será levantada en el momento en el que se cumpla la obligación. En caso de reincidencia dentro de los 12 meses subsiguientes al hecho que motivó la suspensión temporal, el respectivo órgano de control impondrá la sanción de cancelación definitiva del certificado de autorización de funcionamiento.

En los casos en los que el sujeto obligado de remitir información no tenga un órgano de control específico, la medida cautelar o la sanción será aplicada por el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico o quien haga sus veces.

Siendo la defraudación tributaria uno de los efectos del delito del lavado de activos y del financiamiento del delito, se reforma el primer inciso del artículo 298 del Código Integral Penal para diferenciar los casos en los que se requiere la determinación de la obligación tributaria por parte de la autoridad competente, de aquellos en los que no es necesario hacerlo. Además se añadió un numeral que permite sancionar a quienes utilizan personas naturales interpuestas o personas jurídicas fantasmas o supuestas con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con la finalidad de coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación e intercambio de información, se agrega un capítulo dedicado a las unidades complementarias de antilavado que se hayan implementado o que se implementen dentro de las instituciones públicas.

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