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Gobierno de Argentina presenta proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas

Incluye sobornos en el extranjero según estándar OCDE

domingo 03 de julio de 2016, 17:46h

El gobierno presentará en julio en el Congreso un proyecto que establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública

Ahora, el Código Penal sólo prevé sanciones penales por este tipo de ilícitos para personas físicas, para personas jurídicas no se contemplan siquiera sanciones administrativas.

Al no haber sanciones para la persona jurídica, ésta no tiene motivo para instrumentar procedimientos internos preventivos contra la corrupción, más allá de las disposiciones contra el fraude interno.

El proyecto responde a los compromisos con los estándares OCDE pendientes de cumplir y al contexto de los escándalos del gobierno anterior por sobreprecios y pago de coimas.Se busca dotar al sistema de nuevas normas que eviten situaciones pasadas. Este proyecto forma parte del paquete anicorrupción , junto a la ley del arrepentido y la extinción de dominio que están siendo tramitadas.

el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, admitió la existencia de corrupción durante los 12 años y medio de gestión kirchnerista. Luego, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, sorprendió con una polémica confesión al revelar que, cuando asumió su cargo, "a la obra pública la llamaban Movicom: va con el 15 adelante"

Síntesis del proyecto

Personas jurídicas incluidas:

Sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, constituidas de hecho o de derecho, con o sin participación estatal.

Régimen de penas

La penas previstas para las personas jurídicas que cometan hechos de corrupción van desde multas, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas o recibir subsidios o beneficios etatales y hasta la quita de la personería jurídica

La cancelación de la personería se prevé para el caso excepcional en el cual la persona jurídica hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituyera su principal actividad.

Incluye sobornos en el extranjero

El ministro Garavano enfatizó que los lineamientos sobre los que se fundará el proyecto irán en consonancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Nuestro país, al ratificar la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Convención de la OCDE), se obligó a responsabilizar a las personas jurídicas para casos de soborno transnacional", explicó.

Hasta el momento la Argentina ha incumplido largamente dicho compromiso y el Grupo de Trabajo de la OCDE, que monitorea el cumplimiento de las disposiciones de dicha Convención, recomendó a la Argentina en reiteradas oportunidades que adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser responsabilizadas cuando incurran en el delito de soborno internacional, y que tal responsabilidad acarree sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas.

Objetivo de prevención

El propósito de este régimen penal es incentivar a las empresas a que elaboren medidas preventivas internas para prevenir delitos contra la administración pública. Y que en ello estén involucradas sus más altas autoridades, que hoy están exentas de responsabilidades penales, a menos que se pruebe su dolo, es decir, que se probara que conocían los hechos. Así, a mayor nivel jerárquico de los individuos involucrados en el delito, menor es la posibilidad de que la persona jurídica se proponga su prevención y mayor es el incentivo que tienen para su encubrimiento o protección.

"En los pocos casos en los cuales se llega a una sentencia, el daño sólo suele ser pagado por los eslabones más débiles de la estructura delictiva: individuos de menor jerarquía que cumplían órdenes de autoridades cuyo dolo no se puede probar", explicó Alonso.

"Mediante adecuadas políticas de monitoreo puede aumentarse la probabilidad de detección y sanción de delitos, pues las personas jurídicas están en mejor posición que el Estado para detectar los incumplimientos que se dan en el marco de sus operaciones. Por ello, incentivar a las personas jurídicas a reportar dichas detecciones coadyuva al control estatal y al ejercicio de la acción penal pública", agregó.

La iniciativa que planea el Gobierno propondrá que el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas sea independiente de aquél de las personas físicas. El objetivo es que ambos procesos investigativos puedan enriquecerse mutuamente para la detección y sanción del delito.

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