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Chile despublica las sanciones cumplidas del supervisor sobre personas físicas

Se mantienen las impuestas a personas jurídicas

miércoles 27 de abril de 2016, 09:57h
Contraloría resuelve el choque entre la ley de tranparencia y la de protección de datos

Una llamativa acción de la Contraloría de Chile viene a resolver la tensión entre la ley de tranparencia y la de protección de datos. Como marco de decisión el mercado financiero, el factor reputacional y la protección de los datos de las personas físicas

Sin embargo, sobre esta decisión cabe plantearse su acierto si se tiene en cuenta como derecho fudamental de los consumidores y las empresas el contar con la mejor información posible sobre las conductas de personas físicas y jurídicas a las que podrían llegar a confiarles sus dineros.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), sacó de su página web todas las sanciones y multas que ha dictado en contra de personas (naturales) y que ya han sido pagadas, manteniendo sólo las de empresas o personas jurídicas.

Esto, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) se pronunciara sobre una presentación ingresada en 2015 por el regulador, encabezado por Carlos Pavez, por el caso de una persona que fue sancionada anteriormente y que tenía problemas para encontrar trabajo a raíz de la sanción.

La razón: el “choque” que se produce entre la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Mientras la primera estipula que los órganos de la administración del Estado deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, “los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros”; la segunda señala que en el caso de condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

En paralelo, Ciper solicitó a la SVS, también el año pasado y mediante Ley de Transparencia, la información sobre los cargos y sanciones que había presentado en 2000 y 2001 contra Roberto Guzmán Lyon.

Entonces se volvió a producir la contradicción legal. Y ahora llegó hasta la Corte Suprema, la cual ordenó al fiscalizador entregar los antecedentes.

Pero aún faltaba que se pronunciara la CGR, cosa que sucedió el 14 de abril. Y de nuevo, todo se enredó.

¿Igual que al comienzo?

El ente encabezado por Jorge Bermúdez Soto, respondió que si bien se deben publicar los actos administrativos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros (acorde con la Ley de Transparencia), en el caso de las sanciones que afectan a personas naturales, la SVS deberá observar lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, para efectos de la realización o mantención de las publicaciones por las que consulta.

De esta forma, la Contraloría define que sólo las multas que ha aplicado la SVS a personas jurídicas (empresas) y que hayan sido pagadas, sí se podrán mantener publicadas en el sitio web del regulador.

Esto se traduce en que, si consideramos un caso actual, una vez que Juan Bilbao Hormaeche pague la multa por unos US$ 3,2 millones que le impuso la entidad por uso de información privilegiada -con el título de la sociedad anónima CFR Pharmaceuticals (CFR), mientras se desempeñaba como director de la compañía en 2014-, los antecedentes de la sanción ya no estarán disponibles al público.

Ahora, un factor adicional a considerar es la aplicación que tiene este pronunciamiento, ya que se hace extensivo a todas las superintendencias, además de otras entidades del Estado.

FUENTE: con info de www.df.cl

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