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Crítica a la mal llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas

Síntesis del artículo de Luis Gracia, Catedrático de derecho penal en la Universidad de Zaragoza

martes 05 de abril de 2016, 18:55h

CRÍTICA DE LAS MODERNAS CONSTRUCCIONES DE UNA MAL LLAMADA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Luis Gracia Martín Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Zaragoza

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ARTÍCULOS ISSN 1695-0194 Acceder

El autor hace una crítica severa de la doctrina que pretende fundamentar una responsabilidad de la persona jurídica (RPJ) no sólo en el Derecho penal sino también en el sancionador administrativo. Así, parte de la tesis de que la configuración de un supuesto de hecho de responsabilidad penal o de tipo sancionador de la persona jurídica sólo puede resultar de un proceso de construcción arbitraria de conceptos en que se ignoran o desprecian los conocimientos y los saberes jurídicos penales.

Destaca Luis Gracia que de un modo asimismo progresivo y vertiginoso, un sector de la doctrina jurídica continental que ha abandonado claramente la Ciencia y la Dogmática jurídicas, ha adoptado una postura favorable a este constructo, y sus disparatadas opiniones se han extendido como una gota de aceite derramada en un tejido. Por un lado, se observa cómo las unos años atrás minoritarias y aisladas opiniones favorables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas han ido ganando numerosos adeptos y —lo que es más grave y preocupante— contaminando a una buena parte del sector doctrinal que era contrario al constructo.

También sentencia que el incremento de adhesiones al credo de la responsabilidad penal de la persona jurídica para nada ha dado lugar a avances substancialmente significativos, y por el contrario, ha provocado un claro retroceso doctrinal con la contaminación iuscivilística y iusadministrativa del Derecho penal resultante de una previa contaminación semántica del lenguaje que no tiene parangón en la historia de la Dogmática jurídico-penal.

Reconoce que “pueden hoy entonar una marcha triunfal para conmemorar las indiscutibles victorias que han logrado con su palabrería político criminal producida a distancia de la Ciencia del Derecho y articulada por ello en un vacío de saber jurídico científicamente fundado”.

Las descalificaciones a la implementación en España:

La decisión del legislador

Refuta el autor al legislador por argüir éste que la RPJ venía exigida por numerosos instrumentos internacionales. La califica de infundada y fraudulenta motivación junto al argumento del Derecho comparado. Y añade que ninguna decisión irracional de uno mismo puede justificarse ni ampararse de ningún modo en el argumento de que es la misma que ya han tomado y realizado prácticamente otros porque esto, evidentemente, para nada elimina la irracionalidad de quienes ya antes han procedido de ese modo. Lo único que es posible construir a partir de ellos no es otra cosa que figuras y estructuras de responsabilidad objetiva de naturaleza inequívocamente civil o administrativa policial (no sancionadora) incluso en la morfología y la sintaxis de su descripción y formulación lingüística

Las penas

Si a la persona jurídica se la hace penalmente responsable de la comisión de un determinado delito, lo lógico, en principio, tendría que ser que se le impusieran las penas típicas con que está conminada su realización; mas como esto es simplemente imposible por la propia naturaleza de la cosa —piénsese especialmente en la pena privativa de libertad, el legislador español ha previsto en el art. 33.7 CP un catálogo de consecuencias jurídicas específicas para las personas jurídicas, a las cuales meramente denomina “penas” sin serlo realmente, y cuyo contenido es la privación o la restricción de bienes y de derechos de los que son titulares semejantes entes ; y puesto que, también por la misma naturaleza de las cosas, ni el fundamento ni los fines de estas meramente llamadas penas para personas jurídicas pueden ser los mismos que los de las auténticas penas en sentido material, en el art. 66 bis CP se han previsto unas reglas específicas de determinación de aquéllas conforme a criterios que materialmente no tienen casi nada en común con los relativos a la determinación de las auténticas penas.

Las descalificaciones desde la teoría general del derecho y los autores clásicos

En un extenso recorrido el autor del artículo repasa las opiniones de numerosos autores.

Así, arranca con el gran Ferrara que (des)calificó a la concepción organicista o antropomórfica de la persona jurídica de Gierke, que explícita o implícitamente sirve de base a todo y cualquier constructo de la responsabilidad penal de aquélla, como una “hipótesis fantástica de un artista del Derecho”

También, desde la Dogmática del Derecho administrativo, se refiere al gran iusadministrativista Alejandro Nieto quien descalifica a los intentos de fundamentar una inconcebible e imposible culpabilidad de la persona jurídica en el ámbito específico del Derecho sancionador administrativo, que se resumen en su afirmación de que los conceptos de culpabilidad de la persona jurídica formulados por la doctrina no son nada más que “una especie de hipocresía”

En la Dogmática del Derecho penal, se apoya en las contundentes y extremas descalificaciones de Schünemann. Este afirmó quequienes construyen otros conceptos de acción y de culpabilidad supuestamente propios de la persona jurídica —como por ejemplo el “defecto de organización” o la “cultura empresarial de falta de fidelidad al Derecho”— operan así de un modo completamente arbitrario, es decir, sin atenerse a ninguna regla válida del método de construcción de conceptos jurídicos.

Crítica de las pretensiones actuales de construcción de sistemas paralelos por analogía o con “equivalentes funcionales” a la acción y a la culpabilidad

“Cuando se habla de actos y omisiones de una persona jurídica, se trata en realidad de actos y omisiones de seres humanos

Indica que es insólito y errático que un sector de la doctrina penal, para tratar de salvar los insuperables obstáculos que impiden reconocer a la persona jurídica como sujeto penalmente responsable, esgrima el argumento de que por un lado, la misma ya está reconocida desde antiguo como sujeto de la infracción y de la sanción en el Derecho sancionador administrativo, y por otro que este reconocimiento no haya sido puesto en cuestión ni por administrativistas ni por penalistas.

Descalifica lo anterior por ser una sugerencia desafortunada ya que apunta a un mundo al revés porque ya no tendría que ser el Derecho sancionador administrativo el que se sometiera a los principios del Derecho penal, sino éste el que tendría que administrativizarse.

Añade que no es cierto en absoluto que el Derecho sancionador administrativo reconozca capacidad infractora, de culpabilidad y de sanción a la persona jurídica, porque independientemente de la imprecisión y de la volubilidad e inconstancia terminológicas que lamentablemente existen en sus exposiciones, lo cierto es que es absolutamente mayoritaria la tesis de que la persona jurídica carece realmente de aquellas capacidades, y en consecuencia que su responsabilidad por la comisión de infracciones no es en realidad una de tipo sancionatorio, sino una de naturaleza civil y administrativa no sancionatoria.

“En el plano de la legislación, es cierto que todos los ordenamientos jurídicos vienen admitiendo desde antiguo una responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones”

Aparentemente sí, pero en el fondo no es así.

La Dogmática alemana de las contravenciones, parte de la identidad sustancial o material entre Derecho penal y contravencional, y en consecuencia niega que la responsabilidad de la persona jurídica sea una auténticamente sancionatoria.

Los iusadministrativistas españoles que partiendo de la tesis de la diferencia sustancial y en los principios entre el Derecho penal y el administrativo sancionador, explican la responsabilidad de la persona jurídica como una de carácter objetivo, esto es, sin culpabilidad, y por lo tanto, en el fondo, de naturaleza no estrictamente sancionatoria, sino civil y administrativa no sancionatoria.

Conclusión

Concluye Luis Gracias afirmando que “más allá de todo lo expuesto, y de la ironía a la que se presta la doctrina de la responsabilidad penal y sancionatoria de la persona jurídica, lo que parece evidente es —y por eso nadie niega— que el ordenamiento jurídico debe establecer instrumentos de intervención contra las personas jurídicas cuando las personas físicas que actúan para ellas en virtud de una determinada relación con ellas, cometen delitos e infracciones en el ejercicio de sus actividades para la persona jurídica a la que sirven y a la que a menudo instrumentalizan para la comisión de delitos e infracciones. Por esta razón, el ordenamiento jurídico no puede prescindir —como acertada y afortunadamente no prescinde— de establecer figuras y estructuras de responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de delitos e infracciones y las consecuencias jurídicas correspondientes contra ella. Sin embargo, es obvio que tales estructuras de responsabilidad y sus correspondientes consecuencias jurídicas, en ningún caso pueden ser de naturaleza y fines estrictamente sancionatorios y mucho menos aún penales”

“La persona jurídica no tiene ni puede tener espacio alguno en ningún ordenamiento sancionador de conductas, sino sólo en ordenamientos distributivos de bienes, de perjuicios y de riesgos conforme debe ser a partir de —y de acuerdo con— la idea del Derecho. Toda responsabilidad de la persona jurídica no puede ser más que civil y administrativa no sancionadora, y muy especialmente policial coercitiva, pero nunca sancionatoria. Para fundamentar y estructurar tales responsabilidades de la persona jurídica, no es preciso inventar ni abrir nuevos caminos hacia nuevos horizontes, sino que ha de bastar con elegir los adecuados ya existentes que proporcionan el saber y la teoría permanentemente válidos de la Ciencia jurídica”

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