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Ley 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vía para desarrollar la Cultura de Compliance

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
Ley 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vía para desarrollar la Cultura de Compliance

Por Natalia Manríquez

Análisis de la experiencia en Chile de implantación de modelos de prevención de delitos y las sanciones penales habidas hasta ahora.

Las virtudes de una correcta cultura de compliance, desde la atenuante penal hasta los beneficios para los accionistas

Enlace corto al artículo: http://bit.ly/1Alfpfp

Por Natalia Manríquez Salinas : Ingeniero Comercial, Licenciada en Administración de Empresas, Universidad San Sebastián //Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (ACAMS) //Diplomada en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, Universidad de Chile. Blog: http://complianceparatodos.blogspot.com.es/ E-mail: nataliamanriquezsalinas@gmail.com

Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, una vía para el desarrollo de la Cultura del Cumplimiento

Uno de los principales objetivos de la Ley 20.393, denominada Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, fue facilitar el ingreso de Chile a la OCDE. Esta norma, que se encuentra vigente desde el 2 de diciembre del 2009, busca prevenir los delitos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, a través de sanciones impuestas a las personas jurídicas que pueden ir desde multas, perdidas de beneficios fiscales, prohibición de celebrar actos o contratos públicos, penas accesorias, incluso hasta la disolución total de la personalidad jurídica. Se exceptúan de esta última sanción a las empresas del Estado y a las personas jurídicas de derecho privado que prestan un servicio de utilidad pública.

Conforme al mensaje de la Ley, éste cuerpo normativo “servirá como un verdadero aliciente para que las personas jurídicas adopten medidas de autorregulación, logrando de esta forma armonizar los principios de libertad empresarial y económica, con el de responsabilidad en la preservación de los valores sociales y del orden público”.

Desde la fecha de su promulgación se han registrado tres pronunciamientos judiciales (dos sentencias y una suspensión condicional), donde ha predominado el Cohecho como delito principal, existiendo a la fecha otras investigaciones en desarrollo.

En cuanto a los casos con sentencia condenatoria la primera de ellas afectó a Las Sociedades Salmones Colbún Ltda. y Sociedad Agrícolas Mecanizado Ltda. con penas de multa de 500 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) cada una, la pérdida de beneficios fiscales por el plazo de tres años, la cancelación de las inscripciones de derecho de aguas y la publicación en un diario de circulación nacional de un extracto de la sentencia respectiva. Conjuntamente a lo anterior, las personas naturales involucradas también fueron sancionadas (multas y penas de presidio).

El segundo caso corresponde a Sociedad Áridos Maggi Ltda., por infracción a los deberes de dirección y supervisión de los art. 1, 3 y 4 de la Ley 20.393, incluyendo en la sentencia, las penas de prohibición de celebrar actos o contratos con organismos del Estado por 2 años, prohibición absoluta de recepción de beneficios fiscales y a las personas naturales involucradas, multas e inhabilitación de ocupar cargos públicos por 3 años.

Por último, en una suspensión condicional, que involucró a Industrias Ceresita S.A, por la fábrica instalada en Recoleta (la cual operó en esta comuna por más de 10 años en conflicto con la Regulación del Medio Ambiente) y que le valió el desembolso de 2.5 millones de dólares, con el objeto de compensar a los vecinos de la comuna de Recoleta, con obras de mejoramiento que, entre otras, involucró pintura de fachadas a las casas del entorno, donaciones de implementos de salud a los Consultorios de la comuna, hasta un terreno para la construcción de un parque.

Más allá de las sanciones que se han podido aplicar a la fecha, lo que ha venido a cambiar esta Ley es la forma en que las empresas comienzan a incorporar en su lenguaje el concepto de Cultura del Cumplimiento. Cuando las organizaciones poseen reglas y principios que guían el comportamiento individual y grupal, los cuales han sido determinados por la directiva y que son expresados como “valores compartidos por la organización” ellos constituyen en definitiva, lo que se espera de los funcionarios en cuanto a su comportamiento ético en el desarrollo de sus actividades.

La creación y la aplicación de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) comienza a tomar relevancia si bien, conforme a la Ley, la implementación del MPD es facultativa así como también lo es su certificación por alguna de entidades certificadoras. En caso de cometerse algún delito de los previstos en la ley por parte de un empleado de una determinada compañía, la ausencia de MPD podría implicar el no contar con un importante atenuante al momento de delimitar la responsabilidad de la Entidad frente a la del funcionario que ha incurrido en una de las conductas descritas en la Ley. La empresa por tanto quedará vulnerable ante un incumplimiento legal, la aplicación de sanciones y el consecuente Riesgo Reputacional que trae aparejado, tal como se ha visto en los casos descritos previamente.

En la actualidad son 20 las empresas certificadoras inscritas y vigentes en el Registro de la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS), las cuales en los últimos 4 años han certificado un total de 418 empresas. Es interesante constatar que al efectuar una revisión a éstas Compañías, nos encontramos en primer lugar con entidades que son sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero, empresas comercializadoras de materias primas a nivel nacional y extranjero y empresas del rubro de los alimentos y la construcción. Las características en común entre ellas es que poseen un tamaño mediano a grande y que son actores importantes del medio nacional.

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), al año tributario 2013 la cantidad de empresas con inicio de actividades en Chile ascienden a 988.745, mientras que las certificaciones otorgadas hasta el año 2013 apenas supera las 400. Cabe señalar a este respecto, que la Ley no hace distinción de tamaño, rubro, número de trabajadores, con o sin fines de lucro, entonces, ¿en qué situación se encuentra en resto de las empresas en Chile? La respuesta podría ser que, las empresas poseen un modelo no certificado, quizás se encuentran en un proceso de certificación o que no poseen directamente un modelo de prevención del delito, me inclino a pensar que esta última opción, podría ser el caso de la gran mayoría de nuestras empresas.

En este punto del análisis, surge la interrogante de cuáles son los beneficios reales de contar con sistemas de prevención y una cultura solida de gobiernos corporativos. No citaré los típicos casos de multas a nivel internacional por fallas en los sistemas de prevención o escándalos de corrupción, sino más bien a focalizar a través de un ejemplo los beneficios que conlleva adoptar esta cultura de cumplimiento. En un estudio realizado por profesionales de Harvard Business School, denominado: "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance", sobre 180 empresas, donde se demostró que quienes invirtieron US$1 a comienzos de 1993 en empresas con un alto estándar de sostenimiento corporativo, obtuvieron a finales 2010 un retorno de US$22,6. En cambio, para una misma inversión inicial, pero efectuada en empresas con un bajo estándar de sostenimiento corporativo, el retorno obtenido fue solo de US$15,4 para el mismo periodo.

Considerando lo anterior, podemos concluir que invertir en un modelo de prevención del delito es el comienzo del camino para desarrollar empresas más sanas, con mayor responsabilidad y conciencia social y conforme a lo que los estudios indican más rentable para los inversionistas. Por otra parte, los modelos desarrollados pueden ser utilizados para prevenir la comisión de otros tipos de delitos (muchas veces el sistema de denuncia revela otros actos delictivos como por ejemplo hurto, apropiación indebida, fraudes, entre otros), que impactan negativamente a la compañía. Finalmente, fortalece el posicionamiento y la imagen de la empresa, frente a accionistas, proveedores y clientes, generando como ya se dijo un aumento el valor presente y futuro de ésta.

FUENTE: Autor para ControlCapital.Net

Permitida la reproducción con cita expresa de Autor - Natalia Enriquez Salinas, fuente - ControlCapital.Net y enlace directo al artículo http://bit.ly/1Alfpfp

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    Últimos comentarios de los lectores (3)

    281 | hernan peñafiel - 21/08/2014 @ 19:23:41 (GMT+1)
    Interesante artículo, un aporte al tema.
    280 | manuel antonio - 17/08/2014 @ 18:01:38 (GMT+1)
    Es primordial para una empresa seria la implementar de un procedimiento y departamento de compliance encabezado por un ombusperson, sera que las empresas Chilenas No son serias ???
    279 | Edwin Granados - 17/08/2014 @ 06:17:24 (GMT+1)
    Natalia es una profesional muy diligente y competente, excelente trabajo y definitivamente uno debe identificarse con la gestión que desarrolla tal como lo evidencia mi respetada amiga, felicitaciones gran trabajo.

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