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El injusto de no publicar las sanciones por fallas en la prevención del blanqueo.

El injusto de no publicar las sanciones por fallas en la prevención del blanqueo.

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h

Una reforma legal necesaria, por Fernando Rosado,

Reseña profesional de Fernando Rosado Domínguez:

Abogado y experto en políticas de prevención del blanqueo de capitales desde 1999. Fue Subdirector adjunto para la inspección y control del movimiento de capitales en el Ministerio de Economía; en el GAFI fue presidente del Grupo Ad hoc de las Américas y en GAFISUD el primer Secretario Ejecutivo; consultor de AECI,FMI, BID y UE en proyectos de asistencia ALD/CFT en diversos países. E-mail: fernandorosado.spain@gmail.com

18.12.2013

ARTICULO:

El injusto de no publicar las sanciones por fallas en la prevención del blanqueo. Una reforma legal necesaria

La reciente publicación de las estadísticas 2010-2012 por la Comisión de prevención del blanqueo ha permitido saber cuántas sanciones y la cuantía de las multas que se impusieron a los sujetos obligados por el sistema preventivo, a saber: en 2010, 6 sanciones por valor de 1.940.000 €; en 2011 , 7 sanciones que supusieron multas por valor de 1.496.000 €; y en 2012, 13 sanciones por valor de 3.242.010.

Aparte de esta información, no se conoce ninguna otra que concrete el quién, el por qué y el cómo de las sanciones. Sólo se aporta por las estadísticas el reparto de las sanciones entre tres grupos de sujetos responsables (entidades financieras, actividades no financieras y administradores).

El conocimiento de quiénes han sido las entidades sancionadas sólo tiene publicidad en los pocos casos en que se sanciona con amonestación pública y en otras ocasiones de una forma indirecta. Estas últimas son los casos en que el sujeto obligado que considera injusta la sanción la recurre ante la jurisdicción contencioso administrativa. De ese modo, la publicación de las sentencias y la divulgación por los medios de comunicación consiguen el efecto de publicidad que el legislador ha negado por principio a la actividad sancionadora en esta materia. Este ha sido el caso reciente del HSBC o MAPFRE.

La situación descrita es injusta y disfuncional por varias razones:

- Los incumplidores que no recurren la sanción evitan la publicidad indirecta. Sólo los que la consideran injusta o desproporcionada y, por ello, recurren, se verán penalizados adicionalmente con la publicidad negativa.

- La publicidad negativa de las sentencias desestimatorias se producirá varios años después de aquel en que se produjeron las deficiencias sancionadas. Así, el efecto negativo reputacional llega cuando la entidad sancionada probablemente ha solventado totalmente los problemas de cumplimiento con la ayuda estímulo de la sanción.

- La amonestación pública como sanción está prevista por la ley 10/2010 sólo para las infracciones graves y muy graves, siendo de obligatoria imposición sólo para las segundas. El uso restringido de la publicidad de las sanciones impide al conjunto de sujetos obligados aprender, incorporar la lección, y sentir el estímulo al mejor cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Como excepción reciente encontramos la publicación de la amonestación por la sanción impuesta en julio de 2013 a MoneyGram.

Cabe entender que la ley de prevención del blanqueo de 1993 quisiera proteger a las entidades financieras de la publicidad negativa en su reputación en un contexto de implantación de un sistema antiblanqueo nuevo en el que el público no entendería bien la diferencia entre un incumplimiento preventivo y una responsabilidad por un ilícito penal en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, estas consideraciones no debieran haber continuado al redactarse la Ley 10/2010 ya que el sistema preventivo y la sociedad están preparadas para entender la diferencia y ver las sanciones administrativas con normalidad y en su justa dimensión.

Es más, los mercados financieros no parecen haber penalizado a las entidades que por ejemplo en EEUU fueron objeto de multimillonarias sanciones. Por consiguiente, la publicidad de las sanciones cobra más importancia, si cabe, ya que al menos cumplen con la necesaria transparencia en la responsabilidad social corporativa y actúan como freno a la tendencia a la laxitud de las entidades financieras, por naturaleza más preocupadas por los imperativos comerciales en tiempos de crisis que en el cumplimiento antilavado.

Pero la situación de falta de publicidad de las sanciones no se puede mantener en un contexto en el que muchos países vienen publicando con gran detalle las sanciones impuestas. Así se encuentran los casos paradigmáticos de EEUU, Reino Unido, o Chile. Tampoco parece equilibrado respecto a los nuevos vientos de transparencia, rendición de cuentas en la gestión pública y proyectos tales como la publicación de listas de defraudadores fiscales.

Y, lo que es más definitivo, España debe incorporar la obligación de publicidad de las sanciones impuesta por la inminente Cuarta Directiva Europea contra el blanqueo de capitales.

En el proyecto de Directiva se establecen claramente dos tipos de declaraciones públicas que las autoridades deben hacer sobre las infracciones y las sanciones en materia de prevención del blanqueo:

Publicación de todas las sanciones, responsables y tipo de incumplimiento

El artículo 57. 1 del proyecto de Directiva dispone:

Los Estados miembros velarán por que toda sanción o medida que las autoridades competentes impongan por incumplir las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva se publique sin demora indebida, en particular la información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las personas responsables del mismo, a menos que dicha publicación pudiera comprometer gravemente la estabilidad de los mercados financieros. Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las sanciones de manera anónima.

Publicación de requerimientos por incumplimientos sistemáticos

El artículo 56 de la Directiva aquilata una práctica existente en EEUU consistente en publicar para conocimiento general el requerimiento que los supervisores dirigen a los sujetos obligados infractores cuando se trata de infracciones de mayor relevancia.

Por ello, la redacción de la nueva Directiva establece que entre las sanciones y medidas administrativas aplicables por los estados se cuente como mínimo, para el caso de situaciones en que se demuestre que las entidades obligadas incumplen sistemáticamente las obligaciones de prevención las siguientes medidas:

(a) una declaración pública que indique la persona física o jurídica y la naturaleza del incumplimiento;

(b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla

Debe tenerse en cuenta que esta medida se establece con carácter obligatorio sólo para los incumplimientos que se den en relación a la diligencia debida con respecto al cliente; el ROS o comunicación de las transacciones sospechosas; la conservación de documentos; y los controles internos.

Encontramos que la legislación española no satisface enteramente las obligaciones de la nueva Directiva y, por ello, se deberá trasladar a la normativa nacional la obligación de publicar todas las sanciones con independencia de su gravedad.

La reciente modificación de la Ley 10/2010 (vía disposición adicional de la ley de transparencia) no se ha aprovechado para introducir el nuevo régimen de publicidad de las sanciones ya que se trataba de una reforma puntual. Hubiera sido una ocasión propicia para adelantar los efectos positivos del nuevo régimen.

Habrá que esperar entonces a una nueva reforma de la ley antiblanqueo que cumpla con la transposición nacional necesaria de la cuarta directiva que será aprobada en 2014.

FUENTE: Autor para ControlCapital.Net

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