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Entrevista a Tamara Agnic, directora de la UAF de Chile y presidenta de GAFISUD

La crisis subprime de 2008 nos mostró cómo el enriquecimiento ilícito daña economías, sistemas financieros, reputaciones y atenta contra el desarrollo social y económico

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
Entrevista a Tamara Agnic, directora de la UAF de Chile y presidenta de GAFISUD

Directiva representante de la nueva ola de profesionales chilenos comenta sus experiencias, los cambios en la política de Chile contra el lavado de dinero y los últimos trabajos desarrollados por GAFISUD. En una interesante entrevista la Dra. Tagnic desgrana las claves para entender el contexto ecnonómico y las políticas nacionales e internacionales. Entre sus aportaciones:

Como satisfacción, el ver los frutos del trabajo antilavado. En las decepciones ver la gente valiosa que se quedó en el camino.

Pide mejores políticas y presupuestos para recuperar patrimonios ilícitos

La mejora del sistema de Chile se explica por la clara estrategia de proteger la economía, garantizar su estabilidad financiera y atraer inversiones de calidad

42 sentencias, 80 personas condenadas y el comiso de 3 millones de USD son satisfactorios pero avances más notorios están por llegar

La UAF de Chile como paradigma de progeso en las UIFs de la región: una inédita política de transparencia y relación con los sujetos obligados

Los retos de mejora en el trabajo de GAFISUD, la calidad de las evaluaciones , los medios y la función de asistencia técnica

Sobre el proyecto del presidente de Ecuador de crear un organismo regional imbricado en UNASUR

Tamara Agnic representa a la nueva ola de directivos que hacen de Chile un país pujante y , al tiempo, la esperada profesionalización de los puestos de dirección en el mundo de la Unidades de Inteligencia Financiera. Comparte con CCN sus experiencias, los cambios en la política de su país contra el lavado de activos y los últimos trabajos de GAFISUD.

La biografía del directivo

Tamara Agnic es la segunda representante de Chile que ejerce la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y es la primera mujer, en los 12 años de historia del organismo, en desempeñar tal responsabilidad. Ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, participa hace más de 20 años en decisiones de política financiera y económica, desde diversos cargos de la administración pública. Entre ellos destacan su desempeño en las superintendencias de Isapres y de Salud y en el Ministerio de Hacienda de Chile, donde fue coordinadora de todos los organismos públicos dependientes de la cartera, incluyendo a las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, la Tesorería General de la República y los servicios de Aduanas y de Impuestos Internos.

En diciembre de 2011 asumió la Presidencia Pro Témpore de GAFISUD, organismo intergubernamental que dicta las políticas y estándares antilavado de activos para sus 12 países miembros, incluyendo a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Tras haber dirigido la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda de Chile durante tres años, seleccionada por el Sistema de Alta Dirección Pública, en agosto de 2012 concluyó su período a cargo de la institución y asumió como Directora Transitoria y Provisional del mismo Servicio hasta diciembre próximo, fecha en la que traspasará a Uruguay la Presidencia Pro Témpore de GAFISUD.

Ha sido gestora de la tramitación de iniciativas legales sobre el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público, entre otros cuerpos legales.

En la actualidad, junto con ejercer la dirección de la UAF y presidir GAFISUD, lidera el grupo de trabajo de más de 20 instituciones públicas chilenas que están diseñando la primera “Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo”, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

La opinión del experto

CCN: ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción y su peor decepción en su vida profesional?

T. Agnic: La mayor satisfacción en mi actual ámbito de trabajo ha sido, por lejos, constatar y haber podido aportar al posicionamiento, toma de conciencia y endurecimiento del combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

Hasta hace cinco o diez años, hablar de lavado de dinero no pasaba de círculos de expertos y si lo hacía, solo se comprendía si el lavado estaba relacionado con el narcotráfico.

Hoy, por una parte, los ciudadanos han comenzado a comprender que el blanqueo de fondos está mucho más cerca de lo que imaginan y que pueden ser víctimas de él; y, por otra parte, los gobiernos están incorporando como parte central de sus políticas económicas las estrategias antilavado.

Este escenario es completamente distinto al de 2008, cuando estalló la crisis subprime y con ella la crisis financiera internacional. La desestabilización que se gatilló ese año nos mostró, de una forma muy cruda, cómo el enriquecimiento ilícito daña economías, sistemas financieros, reputaciones y atenta contra el desarrollo social y económico. Ese colapso, lamentable, evidenció con mucha más fuerza la necesidad de fortalecer no solo el sistema internacional, sino también los sistemas regionales y locales antilavado de activos, como veníamos “predicando” por largo tiempo quienes nos desempeñamos en este ámbito.

A partir de ese escenario, se reenfocaron estrategias, énfasis y prioridades para detectar, perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito que no proviene solo del narcotráfico, que es el mito por excelencia, sino de diversos delitos que buscan ardides paras lavar en el sistema financiero sus ganancias mal habidas. Hoy existe mucha más conciencia respecto de lo que involucra el lavado de dinero y de los costos que acarrea; y las políticas nacionales han comenzado a combatir en forma más robusta a este flagelo. Desde esa perspectiva, es satisfactorio constatar cómo los esfuerzos están rindiendo frutos, aunque tampoco hay que perder de vista que el combate al lavado de dinero es una lucha de largo plazo y enfatizo “de largo”, dada la flexibilidad con que el crimen organizado busca y practica nuevas fórmulas para burlar a sus persecutores. A pesar de todo lo avanzado, aún queda mucho camino por recorrer.

Entre las decepciones, la mayor ha sido ver cómo gente valiosa y que aportó mucho en esta evolución hacia un enfoque más eficiente y efectivo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismos ha quedado en el camino, debido a decisiones de política que no son siempre las mejores aliadas para el responder a los desafíos nacionales, regionales e internacionales que involucra la lucha contra ambos ilícitos.

CCN: ¿Las políticas contra la legitimación de capitales por los delincuentes son realmente útiles o son un recurso del poder público para responder al fracaso en la represión de los delitos precedentes?

T. Agnic: Es necesario diferenciar. El enfoque contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin importar el delito base de origen, tiene un matiz distinto respecto de la persecución de los delitos en general. En estos últimos el castigo es la privación de libertad por poner en peligro un bien jurídico protegido, pero en el caso de la represión al crimen organizado el objetivo principal es deteriorar su capacidad económica. La evidencia internacional refleja que la persecución personal no es una herramienta eficaz para combatir el narcotráfico u otros delitos base de blanqueo de fondos, pues los lavadores han demostrado que son muy eficientes administrando sus recursos ilícitos aún cuando estén privados de libertad y, lo que es peor, que son capaces de contaminar otros ámbitos, porque cuentan con cuantiosos recursos para financiar actos corruptos, comprar armas, extorsionar o secuestrar. La única forma de debilitar al crimen organizado es atacando sus bolsillos.

Hecho el diagnóstico, la pregunta de fondo es si los países cuentan con las capacidades y herramientas necesarias para atacar ese poder económico. Y la evidencia también refleja que hay debilidades en la investigación patrimonial de los delitos precedentes de lavado de activos. Los recursos son bajos y los esfuerzos están más relacionados con el compromiso personal de quienes los emprenden que con políticas de Estado que brinden herramientas eficientes para abordar esta persecución. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional apuntan a que entre el 2% y el 5% del PIB mundial se lava anualmente. Aplicado ese rango a cualquier país, incluso si nos situamos en el piso de la estimación, grafica que el objetivo anual de decomisos por operaciones de lavado de activos involucra montos altísimos. Y para alcanzar ese objetivo, y llegar finalmente a un juez que sancione el delito, se requieren presupuestos contundentes para invertir en equipos multidisciplinarios, capacitación, recursos tecnológicos y profesionales expertos. Todo ello sin considerar, además, los necesarios cambios o adecuaciones normativas y legales para perseguir en forma más eficiente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

LA UAF y la política anti lavado en Chile

CCN: Chile estuvo durante largo tiempo rezagado en la implementación de los estándares y políticas contra el lavado de dinero. Hoy aparece en la vanguardia con iniciativas como la sujeción a diligencia reforzada de los PEP nacionales, la fiscalización anti blanqueo de las inversiones extranjeras y la elaboración de una Estrategia Nacional contra el lavado de activos. ¿Cuáles han sido las claves para que se produzca este cambio en su país?

T. Agnic: En realidad, la clave es una: la toma de conciencia de los costos del lavado de activos para Chile. Esa toma de conciencia ha sido paulatina y en ella la UAF ha invertido tiempo y recursos durante los dos últimos años. Y para alcanzarla, la coordinación interinstitucional ha sido un eje estratégico. Los niveles en que se impulsa, promueve y ejerce esa coordinación son distintos, pero apuntan a un único objetivo, que es proteger a la economía chilena del crimen organizado, garantizar su estabilidad financiera y económica y atraer inversiones de calidad, que redunden en generación de empleo y crecimiento. Estos objetivos han sido comprendidos por todos los operadores del sistema chileno de prevención, persecución y sanción penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, lo que a su vez se traduce en que cuando los analistas de inteligencia de la UAF actúan o cuando lo hacen los fiscales y jueces, cada uno de ellos comprende que no está trabajando en un compartimento estanco, sino que forma parte de un gran engranaje que nos protege y fortalece como país.

Esta toma de conciencia y la nueva forma de cooperación transversal ha facilitado el diseño, puesta en marcha y adopción de las actualizaciones de regulación y normativa que ha emprendido la UAF. Asimismo, ha sido clave para conformar el equipo de trabajo que está diseñando la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, en el que participan en forma activa más de 20 organismos, incluyendo a ministerios, servicios públicos, representantes del Poder Judicial, del Banco Central (que en Chile es autónomo) y de las policías.

En una dimensión simultánea, pero igualmente estratégica, la UAF ha estrechado la coordinación y, sobre todo, el trabajo conjunto con el sector privado. Este acercamiento a las entidades reguladas se ha materializado a través de una política de puertas abiertas y de difusión continua y personalizada respecto de los fines perseguidos con el perfeccionamiento normativo, con la efectiva fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales de los regulados y con la aplicación plena de las facultades sancionadoras.

Asimismo, hemos impulsado la suscripción de una red de convenios con entidades públicas y también con organizaciones sectoriales que agrupan a los regulados, que apuntan a fortalecer el sistema preventivo a partir de la cooperación, con el fin de lograr una detección oportuna de señales de alerta de operaciones de lavado de activos.

La reticencia inicial que manifestaron algunos sectores económicos ante la mayor regulación ha derivado en una actitud mucho más comprometida con la protección de la economía nacional, pues todos los involucrados han comprendido, finalmente, que al protegerse del crimen organizado, lo que hacen es proteger el crecimiento sano, la generación de empleo y la libertad económica.

CCN: ¿Cree usted que es posible implementar una política anti lavado fuerte y no afectar negativamente la economía ? ¿No temen que Chile pueda perder el atractivo del país como destino de inversiones?

T. Agnic: Por el contrario. Estamos convencidos, y la evidencia así lo demuestra, que las inversiones productivas, que generan crecimiento económico y desarrollo social, buscan países de destino que les aseguren reglas del juego claras, conocidas y respetadas; bajos niveles de corrupción; y transparencia. La pregunta es a la inversa: ¿por qué la mafia internacional querría usar a Chile para invertir sus “ganancias”? Porque Chile tiene un sello de calidad, medido en diversos rankings internacionales, que refleja estabilidad, seguridad económica y desarrollo del mercado financiero. Entonces, lavar platas sucias en Chile es rentable no tanto por el margen de utilidad que pueden obtener los lavadores, sino por la prueba de blancura que esos recursos podrían exhibir al ser transferidos desde Chile hacia mercados exigentes, como los de Estados Unidos, Japón o los países OCDE.

Al robustecer la política antilavado de activos y ejercer efectivamente las facultades sancionatorias administrativas y penales, lo que estamos haciendo como país es fortalecer uno de nuestros mayores patrimonios, el reputacional. Los inversionistas extranjeros confían en Chile, en sus reglas y condiciones, lo que se refleja en los US$ 12.275 millones que destinaron a diversos proyectos en el país, durante el primer semestre de este año. Esta cifra no solo es 80% superior a la de igual periodo de 2011, sino que es la más alta de toda la última década.

CCN: Los resultados publicitados en la “Radiografía sobre el lavado de dinero en Chile” presentada por ustedes en junio ofrecen como logros destacados en el período 2007-2011:

- 42 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos implicando a 80 personas

- el comiso de bienes por valor de 3 millones de dólares

¿Están satisfechos con estos resultados?, ¿qué consecuencias se derivan de este estudio ?

T. Agnic: Los resultados son satisfactorios para el periodo en que se materializaron esas sentencias y decomisos. Lo que tenemos hacia delante es un desafío, pues hemos generado una línea base, contra la que podemos medir nuestros avances en combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Ningún país es inmune al blanqueo y este informe así lo refleja para el caso de Chile. Por el contrario, sería altamente preocupante no exhibir condenas y pretender que nuestra economía es impermeable a los lavadores.

En esos términos, las estadísticas 2007-2011 muestran que el sistema preventivo, persecutorio y penal chileno funciona. Los resultados anuales desagregados reflejan un aumento persistente de condenas y montos de decomisos, en particular en los últimos dos años, lo que es consistente con el fortalecimiento de las herramientas preventivas, la mayor coordinación entre los operadores del sistema y una conciencia creciente a nivel general respecto de qué es y qué daños provoca el lavado de dinero.

Es a partir de esa misma constatación que los resultados delinean nuevos desafíos. Si en dos años logramos elevar sustancialmente las condenas, este esfuerzo no puede parar. En lo que compete a la UAF, debemos persistir en el perfeccionamiento de nuestros análisis de inteligencia para proporcionar información de aún mayor calidad a la Fiscalía; ahondar la cooperación con sector privado para contar con informes aún más oportunos; y asegurarnos de emprender los cambios normativos y legales que sean necesarios para un efectivo combate al crimen organizado.

En términos de consecuencias, esta radiografía debiera profundizar la conciencia a nivel nacional respecto de que el lavado de activos está mucho más cerca de lo que pensamos y, desde esa perspectiva, motivar un mayor interés por saber cómo enfrentarlo, junto con exigir políticas públicas eficaces para combatirlo y demandar a las autoridades pertinentes resultados satisfactorios. Como mensaje para los lavadores, nos gustaría que tradujeran que Chile no es un paraíso ni un lugar seguro para el crimen organizado.

CCN: Debemos felicitarle por la política de comunicación y transparencia de la UAF, así como por la retroalimentación que sus informes proveen a los sujetos obligados. Ciertamente, la virtudes de la web, los comunicados de prensa, los estudios de tipologías y la capacitación on line gratuita que ofrecen convierten a la UAF de Chile en paradigma de las UIF’s en la región y también en el plano internacional. ¿Esta política ha redundado en una mejor respuesta de los sujetos obligados ? ¿ Qué nuevos proyectos de mejora tiene planteada la UIF y las otras instituciones chilenas?

T. Agnic: En Chile, el rol legal de la UAF es “impedir” que el sistema financiero sea utilizado para lavar activos o financiar el terrorismo. Se trata de una misión inconmensurable, necesaria, y estratégica para el bienestar de nuestros ciudadanos. Por lo mismo, su logro es altamente complejo, sobre todo si no se cuenta con la cooperación de los propios regulados. Hasta hace un par de años, la UAF consideraba como excepcionales las comunicaciones públicas de sus resultados y mantenía bajo reserva la mayor parte de su accionar, sin diferenciar si se trataba de información sensible, propia de los análisis de inteligencia financiera que realiza, o sobre el desempeño de su gestión. Como resultado existía un distanciamiento evidente entre el logro de su objetivo estratégico y el rol clave que juegan en ello las personas naturales y jurídicas que forman parte del sistema preventivo.

Ante este escenario adverso, la UAF decidió poner en práctica una inédita Política de Transparencia -diseñada entre 2010 y 2011 y puesta en marcha a mediados del año pasado-, que, resguardando la información sensible, permita cumplir a cabalidad con la función legal de prevenir e impedir que en el sistema financiero y no financiero del país se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de la entrega de información permanente y oportuna a sus regulados, al mercado y a la ciudadanía sobre los resultados del ejercicio de sus facultades de emisión de normativa, de fiscalización y de debida sanción frente a infracciones legales. Esta política abarca la divulgación de contenidos relevantes a través del sitio web institucional (www.uaf.gob.cl), comunicados de prensa y boletines especializados, enviados vía e-mail a cada uno de los oficiales de cumplimiento inscritos en el registro del Servicio; la emisión de certificados online respecto de cumplimiento de obligaciones legales e inscripción en la UAF; la actualización trimestral de las sanciones administrativas ejecutoriadas y publicadas en el portal del Servicio; y la emisión trimestral de estadísticas con los resultados de la gestión institucional, entre otras materias.

Los efectos han sido alentadores. El número de inscritos en el registro de la UAF, y que por tanto cumplen con su obligación legal mínima, creció 180% respecto de 2009, al totalizar en la actualidad más de 4.600 regulados. Asimismo, el nivel de cumplimiento en el envío de reportes en efectivo, de acuerdo a la exigencia legal vigente, se acerca al 90% sobre el total de regulados (tras la publicación de los sancionados). No obstante, el objetivo de esta política no es castigar, sino fortalecer el sistema preventivo. Y en ese marco, como parte de esta transparencia, se comenzaron a difundir los resultados de los procesos de fiscalización y se puso en marcha un curso e-learning de prevención antilavado, que en cuatro meses ha capacitado a más de 600 regulados.

En el corto plazo está programada una actualización del informe de Tipologías y Señales de Alerta en Chile (la radiografía de condenas, con las estadísticas a septiembre de este año); la divulgación a través del sitio web de todo el registro de entidades reguladas efectivamente inscritas en el Servicio; y la divulgación y puesta en marcha de una circular que sistematiza, ordena y actualiza la normativa de prevención.

Como corolario, hemos constatado que a mayor, mejor y más oportuna información, más alto es el nivel de compromiso y cumplimiento de las entidades supervisadas por la UAF con el sistema preventivo.

Los trabajos de GAFISUD

CCN: ¿Puede describirnos cuáles son las líneas marcadas por Chile en su Presidencia de GAFISUD y qué novedades destacan en los trabajos del Grupo?

T. Agnic: Al asumir la Presidencia de GAFISUD, Chile delineó como dos grandes objetivos de su periodo la definición de un plan estratégico de desarrollo institucional 2013-2014, que fortaleciese su organización administrativa; y el impulso de mejoras en la calidad y consistencia de las evaluaciones mutuas, a fin de que fuesen reconocidas por el mercado y la comunidad internacional como equivalentes a las realizadas por GAFI.

En el ámbito administrativo logramos, por una parte, formalizar el procedimiento para la selección del Secretario Ejecutivo; y, por otra, iniciamos la revisión de las contribuciones de los países miembros. Este aspecto es de especial relevancia, considerando que en el último periodo creció la demanda de requerimientos por mayor asistencia técnica, apoyo especializado para los socios y participación en foros internacionales. Este nuevo escenario necesita, evidentemente, de una mayor capacidad económica para solventarlo y pasa, además, por un replanteamiento de los objetivos de GAFISUD, debate que la actual presidencia ha impulsado. Hasta ahora el leit motiv de GAFISUD es llevar adelante los procesos de evaluaciones mutuas en la región. No obstante, los nuevos requerimientos involucran tareas relacionadas con brindar un apoyo más estrecho a los países para que mejoren efectivamente sus sistemas preventivos, persecutorios y penales, a través de asistencia técnica que facilite la puesta en marcha de las recomendaciones antilavado y que, de una u otra manera, no pueden llevar a cabo solos. La Secretaría de GAFISUD cuenta con el conocimiento técnico necesario para responder a las nuevas demandas, pero carece del personal y los recursos para hacerlo adecuadamente. El tema aún no está resuelto, pero el debate impulsado por Chile está en pleno desarrollo y debiera tener resultados en 2013.

El segundo eje de gestión se ha centrado en mejorar la calidad y consistencia de las evaluaciones mutuas que realiza GAFISUD y que constituyen su principal objetivo. Al contrastar informes entre países se han detectado inconsistencias de criterios que impiden compararlos e, incluso, ambigüedades que no reflejan con la fidelidad necesaria la realidad de cada miembro. A fin de subsanar estas deficiencias, la presidencia propuso -y así fue aprobado- analizar en conjunto y comparativamente los informes de la Tercera Ronda y generar mecanismos que eviten repetir los problemas descritos en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que comenzará en 2013. En diciembre próximo, en el marco del Pleno que se desarrollará en Buenos Aires, se sancionará la que debiera ser la futura pauta guía para los evaluadores.

Como efecto adicional, la adecuación del sistema de evaluaciones y, por tanto, el perfeccionamiento de los informes evacuados, debiera posicionar este producto a nivel internacional como una radiografía confiable sobre el nivel de maduración y cumplimiento de los países de la región con los estándares antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esta apreciación es de especial relevancia para las decisiones que adoptan organismos financieros internacionales e inversionistas extranjeros y, por tanto, para el flujo de capitales frescos y productivos que pueda atraer la región.

No obstante, todas las definiciones anteriores se enmarcan en un plan estratégico de desarrollo de GAFISUD, que va más allá del ejercicio de la actual presidencia. Para Chile, lo relevante es haber impulsado el debate sobre la reformulación de objetivos, que esperamos se proyecte y rinda frutos a futuro.

CCN: Cumplidos ya nueve meses de presidencia, ¿qué experiencia personal y profesional está extrayendo?

T. Agnic: Indiscutiblemente, ejercer la presidencia de GAFISUD permite percibir de primera fuente el alto compromiso de las autoridades regionales con la mejora de los sistemas de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Existe un espíritu de cooperación que facilita los entendimientos, la búsqueda de consensos y de objetivos comunes. Los esfuerzos de GAFISUD por avanzar hacia sistemas más robustos de combate al crimen organizado superan las fronteras nacionales, se trata de un compromiso que pone al centro a la región en su conjunto y esa es una gran lección para otros grupos.

CCN : Paraguay salió de la lista del GAFI de países con deficiencias, pero Argentina, Bolivia y Ecuador permanecen en ella. ¿Qué perspectivas hay y cuál es la intervención de GAFISUD en el proceso?

T. Agnic: Es importante no perder de perspectiva que los planes que adoptan los países para superar sus deficiencias en el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo son decisiones, por definición, soberanas, en las que GAFISUD no interviene. En ese marco, cuando los países miembros emprenden acciones para cumplir gradualmente con los planes de acción propuestos, GAFISUD tiene un rol de acompañamiento y apoyo. Y en la medida en que las falencias son resueltas, es también tarea de la presidencia divulgar y destacar estos logros ante la comunidad internacional.

Los niveles de avance entre los países de la región son disímiles, pero el compromiso grupal es claro y apunta a robustecer las barreras contra el crimen organizado. En este sentido, las expectativas que nos hemos forjado como bloque son optimistas.

CCN: Correa, el presidente de Ecuador , hizo declaraciones muy críticas hacia el GAFI a propósito de la inclusión de su país en la lista negra, e incluso llegó a proponer la creación de un organismo regional imbricado en UNASUR. ¿Cuál es su valoración?, ¿han existido conversaciones entre GAFISUD y UNASUR?

T. Agnic: No corresponde a la presidencia de GAFISUD comentar las apreciaciones del Presidente Rafael Correa; por lo demás, cualquier integrante de nuestro grupo es soberano en su decisión de proponer o sugerir un organismo paralelo. No obstante, un aspecto a tener en cuenta al evaluar la pertinencia de un grupo, bloque o foro para actuar en el ámbito del combate al lavado de activos es su nivel de experiencia, maduración y prestigio internacional. Lo que GAFISUD requiere es ser reforzado. Dispersar las energías podría desembocar en un debilitamiento de los esfuerzos regionales en el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

CCN: Existe en GAFISUD una línea de actuación poco conocida denominada RRAG o Red de Recuperación de Activos. ¿Cuál es su virtualidad?, ¿ha tenido resultados tangibles?

T. Agnic: Esta red está siendo muy bien valorada por la comunidad internacional y, de hecho, ha comenzado a superar las expectativas iniciales respecto de su desempeño. El RRAG nació en el seno de GAFISUD con el propósito de impulsar la identificación, localización y recuperación de activos ilícitos en toda la región, a través del intercambio de información entre una red de contactos designados por los países para ese propósito. Es un sistema de transferencia confidencial de información, que permite el intercambio seguro entre los participantes de la red y que se basa en el principio de confianza entre pares.

Recordemos que el combustible del crimen organizado es su poder económico y el mejor ataque para desarmarlo es atacar sus bolsillos. Pero el crimen organizado muta rápido, no respeta garantías, derechos, ni fronteras, por lo que su combate hace indispensable diseñar estrategias de ataque global y simultáneo a los distintos frentes del poder patrimonial y transnacional de las mafias para una efectiva erradicación de sus redes y de la influencia de sus líderes, que muchas veces continúan operando incluso desde la cárcel. Aquí es donde entra el RRAG, pues se trata de un sistema formal para un intercambio informal, que busca asegurar rapidez, eficiencia y evitar trabas burocráticas para el flujo oportuno de información respecto de los activos que el crimen organizado dispone en la región. Por lo mismo, esta información no está depurada para su uso en procesos judiciales y su uso con fines políticos derrumbaría el sistema.

En términos de resultados, desde 2011 se han materializado 24 consultas entre los países de GAFISUD, enmarcadas en investigaciones persecutorias de operaciones de lavado de activos transnacionales. A mediados de este año, se hizo una consulta respecto del funcionamiento del RRAG y los resultados indicaron que el 61% de los encuestados calificó como “buena” la plataforma para el intercambio de información; el 45% consideró “buenos” o “muy buenos” los tiempos de respuesta; y el 55% evaluó como “buena” o “muy buena” la información que le fue enviada.

No obstante, los buenos resultados iniciales ya están originando nuevos desafíos, que se relacionan con profesionalizar las labores de recuperación de activos, lo que involucra crear entidades especializadas en rastrear, identificar y recuperar bienes de origen ilícito, con facultades adecuadas para tales objetivos. Asimismo, se prevé que en el mediano plazo será necesario crear órganos administradores de los bienes decomisados, incluyendo instituciones especializadas, con facultades y herramientas eficaces que eviten una administración dispendiosa de los activos incautados. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, surge el desafío de mejorar las investigaciones patrimoniales, las que deben ser paralelas a las criminales, extendidas sobre todo el abanico de delitos precedentes y ejecutadas por equipos multidisciplinarios.

CCN: Los trabajos del GAFI y el seguimiento informativo de los medios de comunicación parecen opacar un tanto el trabajo y personalidad propia de GAFISUD, proyectándose la imagen de ser una sucursal del primero y como órgano de mera traducción de las políticas adoptadas en París. ¿Qué le puede decir a nuestro lectores sobre este tema?

T. Agnic: GAFISUD es, efectivamente, un organismo creado al estilo de GAFI y que, por lo demás, recientemente adoptó como propias las nuevas 40 Recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, impulsadas por el grupo con sede en París. Sin embargo, GAFISUD no es un mero transmisor/traductor de estándares impuestos por las economías más avanzadas. Por el contrario, en su seno se desarrollan debates sobre elementos técnicos, adecuaciones y consideraciones de realidades nacionales para la adopción efectiva de tales recomendaciones internacionales. Esta discusión no se produce, ni podría producirse, en otro ámbito que en el escenario regional. Adicionalmente, GAFISUD ofrece asistencia técnica y desarrolla actividades de capacitación que la mayoría de los organismos tipo GAFI no proveen. Estas condiciones reflejan que GAFISUD tomó una ruta propia, marcada por sus países y sus coordinadores nacionales, lo que está generando una valoración y prestigio internacional que van más allá del GAFI.

CCN: Queremos agradecerle su tiempo y sus aportaciones para la comunidad de expertos en el cumplimiento anti lavado que siguen nuestra publicación. Así mismo desearle una exitosa finalización de su mandato al frente de GAFISUD que estamos seguros se enriquecerá del dinamismo mostrado por los actores del sistema anti lavado de Chile

T. Agnic: Junto con agradecer los buenos deseos, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el acierto que ha significado, para todos quienes estamos relacionados con el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, contar con un medio especializado de lectura y consulta de los temas que nos interesan, que nos preocupan y que nos mueven. Sin duda, CCN ha logrado llenar un espacio que facilita la mejor comprensión global de un fenómeno de alta complejidad y que requiere de todos los apoyos posibles para generar conciencia respecto de por qué es necesario invertir recursos, tiempo y esuerzos en combatirlo.

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  • Entrevista a Tamara Agnic, directora de la UAF de Chile y presidenta de GAFISUD

    Últimos comentarios de los lectores (2)

    122 | MANUEL BERRIOS - 18/12/2012 @ 17:13:57 (GMT+1)
    Excelente entrevista,felicitaciones a la UAF, especialmente a su Directora y Presidenta de GAFISUD en Chile, todos nosotros los ciudadanos Chilenos, debemos cooperar en el fortalecimiento de las barreras contra el Crimen Organizado
    108 | odasor - 11/11/2012 @ 23:12:28 (GMT+1)
    Interesante entrevista. Más de lo normal en estos casos de entrevista a un representante institucional. Posiblemente será más interesante lo que no puede decir explícitamente y sólo puede apuntar implícitamente. Mujer, chilena, directiva, experta anti lavado. Parece que el mundo va cambiando. Gracias por insertar mi comentario y por la entrevista.

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