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Entrevista al Director de la Unidad Anti lavado de dinero de la Fiscalía argentina

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
Entrevista al Director de la Unidad Anti lavado de dinero de la Fiscalía argentina

Federico Di Pasquale comparte la experiencia de la UFI LavDin con la Revista de la Asociación de Magistrados. La unidad nacida en 2006 ha recibido 1032 expedientes, el 10% de los ROS que recibe la UIF. Di Pasquale enfatiza la importancia de la colaboración del sector privado, la dificultad de investigar las estructutas societarias complejas  así como la necesidad de que el combate al delito de lavado sea un lucha de toda la sociedad, 

La conjunción de varios convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Argentino, sumados a la reforma de la ley 25246 (por ley 26087), fueron los factores que determinaron al entonces Procurador General dela Nación, Dr. Esteban Righi, a firmar la resolución 130/06, que dio nacimiento a esta unidad.

La iniciativa concordaba con la política criminal que el Ministerio Público Fiscal ya venía desarrollando, y el escenario para su implementación fue más que propicio. La nueva unidad especializada daba una instrumentación más acabada y eficiente a la ley, que en sus artículos 19 y 28 establecía que el Ministerio Público Fiscal debía tomar parte en los casos en que en los análisis realizados porla Unidadde Información Financiera (UIF) sugirieren elementos de convicción suficiente para sospechar la posibilidad de un lavado de activos.

 Y. C.: ¿Que actividades desarrolla esta Unidad?

Dr. Federico Di Pasquale: Esta unidad funciona como un eslabón intermedio, entre los organismos de supervisión y contralor y los operadores del sistema jurídico penal, los jueces, fiscales, y fuerzas de seguridad, es decir, la parte represiva del sistema.

Cuandola Unidad de Información Financiera agota el análisis de la operación reportada por los sujetos obligados y surgen elementos de convicción suficientes para confirmar el carácter sospecho de presuntos lavados de activos o de financiación del terrorismo, entonces nos remite el expediente, a fin de que dictaminemos si corresponde o no ejercer la acción penal.

Continuamos en esos casos con la investigación preliminar correspondiente, realizando un análisis exhaustivo y nos expedimos en un plazo no mayor de 60 días corridos. En caso de que, transcurridos sesenta días desde la recepción de las actuaciones, no fuere todavía posible establecer dicha circunstancia, recurrimos las mismas al Fiscal de Primera Instancia competente, para que agote esa actividad.

Concluida la investigación preliminar, elevamos un dictamen en el que proponemos ejercer la acción penal o el requerimiento de archivo de las actuaciones. Todos los expedientes que recibimos son judicializados.

El volumen de trabajo que manejamos es muy considerable. Aproximadamente un 10% del total de los reportes que recibe la Unidad de Información Financiera - que a la fecha se han traducido en 1052 expedientes – nos son remitidos por considerarse operaciones inusuales o actividades sospechosas.

También colaboramos con los magistrados del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, cuando estos así lo solicitan, en el trámite de las causas seguidas en orden a los delitos de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, y brindamos apoyo técnico específico en materia acerca de tratados, convenios, doctrina y fallos jurisprudenciales referidos a la materia de nuestra competencia. Participamos en la elaboración de programas de prevención, nacionales e internacionales, asesorando a los organismos del Estado para implementar políticas públicas comunes en la materia, y coordinamos con las autoridades distintos organismos las actividades de capacitación y especialización de funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y de otros organismos del Estado, como así también de funcionarios de las fuerzas de seguridad. Llevamos un control de información y estadística actualizado respecto del avance procesal de los casos y trimestralmente elevamos un informe, a través dela Secretaría Generalde Coordinación.

 Y. C.: La reforma de la Ley 25246 amplio considerablemente el espectro de a los sujetos obligados a reportar ante la UIF… ¿Qué impacto tuvo esa modificación de la ley?

Dr. D. P.: Efectivamente, en junio de 2011, se amplió entre, otras cosas, la nomina de los sujetos obligados a informar. Por ejemplo, determinó que las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarias o vinculadas con cuentas de fideicomisos pasasen a ser los “ojos del estado”, al servicio de la prevención contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.

La lucha contra el crimen organizado no es ni puede ser un compromiso únicamente del poder estatal, sino que se ha convertido en un paradigma, y hoy la mayoría de los sujetos obligados a informar son sujetos privados. A nivel mundial está ocurriendo un cambio cultural; nos hemos dado cuenta, por fin, que esto es necesario. No es solo una lucha del Estado contra la criminalidad organizada, sino que es una lucha de todos, de toda la sociedad, porque directa o indirectamente estos delitos afectan a toda la sociedad.

Entre otras consecuencias, trae aparejado una seria alteración de la libre competencia. No es lo mismo una persona que se viene con cincuenta millones a invertir en cualquier emprendimiento con dinero del exterior proveniente de una actividad ilícita, que un particular o una Pyme que se construye con esfuerzo y trabajando, para poner un comercio, o para competir a través de la colocación de su producto. Confrontado con esa masa dineraria, sus posibilidades en el mercado se ven seriamente perjudicadas. Afecta directamente el orden socioeconómico y así se consideró en la última reforma legislativa.

 Y. C.: ¿En qué proyectos han trabajado desde su puesta en funcionamiento?

Dr. D. P: Desde el momento de su implementación, la unidad colaboró activamente con el Poder Ejecutivo y el Congreso dela Nación en la elaboración de varios proyectos de ley, fundamentalmente desde la comisión mixta, que es una comisión creada con el Banco Central y la SEDRONAR.

Específicamente, se trabajó sobre un proyecto de reforma dela Ley 25246 y un proyecto respecto al tipo penal de financiamiento del terrorismo, en lo que hace al acto de terrorismo en sí. Se ha trabajado, muy activamente, en lo que se denominó en el año 2008 “la agenda nacional”, que salió publicada en el boletín oficial. Allí se fijaron 40 metas y 40 objetivos. Fue como una base; una pre-evaluación de lo que mas tarde sería la valuación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. 

Y. C.: ¿Qué dificultades particulares se les presentan?

Dr. D. P.: La criminalidad organizada esta siempre un paso delante. Cuentan con una cantidad de recursos y una ingeniería jurídica y contable que permanentemente busca – y encuentra – nuevas formas de delinquir, nuevos métodos para blanquear capitales. Lo que antes se hacia tal vez con una simple compra y venta de divisas, transferencias electrónicas, o mediante el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico adquiriendo inmuebles en distintos países o a través de los países que tienen ventajas de índole tributaria, constantemente va complejizandose. Nos obliga a un estudio constante para estar actualizados y ser capaces de detectar las nuevas formas de blanqueo de capitales. Los modos  de delinquir están constantemente mutando, y es necesario mantenerse al día.

La complejidad y el dinamismo de las nuevas manifestaciones del fenómeno criminal ponen en relieve la necesidad de aunar los esfuerzos de todas aquellas entidades públicas y privadas y de la sociedad civil involucrada, aun tangencialmente, en la prevención y persecución de estas acciones delictivas.

Frecuentemente, por ejemplo, las transacciones se hacen por medio de personas jurídicas que ni siquiera están constituidas en el país, es decir que desentrañar la madeja puede ser verdaderamente difícil. Nosotros encaramos la problemática apuntando siempre a las dos incógnitas fundamentales: que actividad se desarrolla y de donde provienen los fondos. Una empresa puede parecer tener un funcionamiento regular y licito pero, sin embargo, operar con dinero de origen ilícito. No es necesariamente lo mismo dinero negro que dinero sucio.

Para nosotros la idea es siempre ir por los bienes y los activos que se generaron a partir de la actividad ilícita. Tratamos de esa manera de evitar que esas organizaciones criminales puedan seguir funcionando como tal. Muchas veces no se trata de detener a las personas, porque son organizaciones que funcionan en forma piramidal y si se detiene a la cabeza, el que le sigue continua con la actividad. Se trata más bien de atacar la sustancia de la organización. Y si es posible, recuperar ese capital para el Estado.

Algunos casos son especialmente complejos, pues puede ocurrir que grandes estructuras productivas, que dan trabajo a muchas personas, se hayan constituido de esta manera. Requiere creatividad y cuidado desmantelar estas empresas licitas constituidas con fondos ilícitos, procurando minimizar el daño económico y social.

No obstante que el mayor número de expedientes que nos llegan tratan de incrementos patrimoniales no justificados, procuramos no abarrotar a los juzgados con causas que no estén estrictamente vinculadas con el lavado de dinero, porque nuestra función en esta unidad se vuelca mas a la lucha contra del crimen organizado. Principalmente nos enfocamos en los expedientes que cuentan con una entidad suficiente, donde encontramos maniobras complejas y en los que advertimos que podría haber existido lavado de dinero y un delito precedente. Todo ello a fin de economizar y hacer mas eficientes los recursos del Estado.

Tradicionalmente, era usual que estos delitos precedentes estuviesen vinculados, principalmente, al narcotráfico. Es notable como dentro de los casos que investigamos, cada vez se encuentran más delitos precedentes de otra naturaleza. Por ejemplo vinculados a la corrupción. Pero la problemática va complejizándose, y el abanico de delitos precedentes crece cada vez más. Las organizaciones criminales van cambiando permanentemente, buscando los resquicios del sistema.

Y. C.: ¿Considera que en los últimos tiempos esta temática está recibiendo más atención en el ámbito de la justicia?

Dr. D. P.: Diría que sí, tal vez en razón de la última evaluación a la que fue sometida la argentina en el año 2009 - en la 3° evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional   (FATF/GAFI) - que determinó que nuestro país aun no había hecho un adecuado progreso en el tratamiento de una serie de deficiencias detectadas hasta el momento, y detectó una falencia en la efectividad de nuestras medidas preventivas y la aplicación de nuestro sistema represivo.  Una situación que se suscitó por falta de una adecuada coordinación, superposición de jurisdicciones de distintos organismos nacionales. El GAFI hizo en consecuencia una serie de recomendaciones que fueron tenidas en cuenta. Las mismas están siendo implementadas y el trabajo se incrementó en los últimos años.

Ha habido, además, una serie de casos que tuvieron repercusión pública y colaboraron a que nuestra actividad adquiriese notoriedad y mayor interés, tanto para los medios gráficos como para las instituciones.

  

LA UNIDAD FISCAL DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA FISCALIA DE ARGENTINA

La creación de la UFI LavDintuvo lugar en el contexto de numerosos convenios internacionales, tales como “La Convenciónde las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, el “Convenio Internacional para la represión de la Financiacióndel Terrorismo” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la DelincuenciaOrganizadaTransnacional”, entre otros. A ello se sumaron las “Cuarenta Recomendaciones contra el lavado de activos de origen ilícito” y las “Nueve Recomendaciones Especiales para combatir el financiamiento del terrorismo” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI – FATF) de la cual argentina es miembro pleno, que sugerían categóricamente la implementación de grupos especializados en investigaciones patrimoniales, el intercambio de información entre los distintos organismos del estado, la elaboración de estadísticas sobre investigaciones, procesos y condenas en la materia, la asistencia judicial reciproca y la capacitación en todos los niveles del sistema judicial en materia penal.

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FUENTES: Revista de Magistrados y Funcionarios- Argentina; www.asocmagistra.org.ar/;  http://www.controlcapital.net

 

 

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