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Uruguay : Ley 19574 Integral de lucha contra el lavado de activos

jueves 18 de enero de 2018, 17:11h
Importantes novedades al incluir la autonomía del delito de lavado, la defraudación tributaria como delito subyacente y a profesiones jurídicas como nuevos obligados
El 20 de diciembre de 2017 la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley integral de lucha contra el lavado de activos., un proyecto que busca adecuarse a los estándares internacionales.
El nuevo texto busca acomodarse a los últimos estándares internacionales a fin de tener en estado de revista al país para la evaluación que realizará en 2019 el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aspectos principales
  • Ordenación y refundición de textos en la nueva ley pues`el sistema legal se construyó en el pasado de forma parcheada usando varios vehículo normativos
  • Ordenación institucional al crear una Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, dentro de la Secretaría Nacional Antilavado, dependiente de Presidencia.
  • Ampliación de sujetos obligados del sistema antilavado para sumar a los actuales sujetos del sector financiero a otros secctores como : casinos, inmobiliarias, rematadores, asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro a "informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".
En esta ampliación se incluyen los escribanos, abogados y contadores entre los sujetos obligados.
Para escribanos y abogados la obligación no es por su actividad legal estricta sino cuando realizan una serie de actividades a cuenta de sus clientes, entre las que se encuentran la administración de dinero, de cuentas bancarias, la creación y operación de personas jurídicas o fideicomisos y la compraventa de establecimientos comerciales.
Para los contadores, además de las actividades comprendidas para abogados y escribanos, los contadores públicos que actúen en calidad de independientes deberán reportar operaciones sospechosas que surjan de la confección de informes de revisión limitada o de informes de auditorías.
En todos los casos, los profesionales no estarán obligados a reportar las operaciones que surjan de prácticas de "asesoramiento", ni la información que se obtenga en el marco del ejercicio del derecho de defensa, o en aras de verificar el estatus legal de un cliente.
  • Automomía del delito de lavado . Hasta ahora el tipo penal necesitaba que se estableciera el delito precedente generador de los bienes que eran objeto de lavado.
La nueva ley, en cambio, lo declara un delito"autónomo" y, como tal, podrá ser perseguido sin que exista un procesamiento previo por las actividades delictivas, "alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración".
  • Lista de delitos precedentes del lavado y que determinan no sólo la persecución penal sino también la obligación de que los sujetos obligados reporten alertas en el sistema preventivo.
Entre los delitos destacan el terrorismo, el tráfico de armas, el contrabando (por una suma superior a 200.000 unidades indexadas), la extorsión, el secuestro y los deltios contra la administración pública.
Además, la ley agrega como precedente el delito de defraudación tributaria, cuando el monto supere determinado umbral. En el primer año de vigencia de la ley, ese mínimo será de 2.500.000 unidades indexadas, pero bajará a 1 millón UI a partir del 1° de enero de 2019.
Integridad de los cargós políticos respecto a los Paraísos fiscales
Entre las prohibiciones, se establece que los cargos políticos no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales con domicilio en paraísos fiscales, mientras desempeñen dichos cargos.
En esa disposición están comprendidos el presidente, vicepresidente, senadores y diputados, ministros y secretarios de Estado, directores generales de las secretarías, los directores de entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales, así como cualquier otro cargo político y de particular confianza.
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