Destaca que no hay pruebas de reducción de los delitos y que junto a los elevados costes para negocios y consumidores se ha producido una reducción de servicios financieros para los pobres.
Otro coste es la privacidad y las dificultades de investigación de los malos cuando se les cierran las cuentas y los canales financieros formales
Entre las cuestiones que se critican el que cada condena por lavado supere de coste los 7 millones o que un banco pequeño deba dedicar un 15% del personal a compliance