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El nuevo Reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos: una visión normativa integral

El nuevo Reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos: una visión normativa integral

José Antonio Arbulú Ramírez

El pasado 01 de julio de 2015 entró en vigencia el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en adelante el nuevo Reglamento, aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de mayo de 2015, que derogó las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en adelante las antiguas Normas, de la Resolución SBS N° 838-2008.

Las disposiciones del nuevo Reglamento giran en torno al concepto de riesgos de lavado de activos, busca incrementar la eficacia y eficiencia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en adelante Sistema PLAFT, acorde con los estándares internacionales y contiene un conjunto de novedades no sólo respecto de las antiguas Normas sino también de toda la normativa antilavado vigente[1].

Tal y como su predecesora, el nuevo Reglamento aplica a las empresas del sistema bancario y financiero, específicamente a las empresas señaladas en los Art. 16 y 17 de la Ley N° 27602[2], el Banco Agropecuario, el Banco de la Nación, el Fondo de Garantía para la Pequeña Industria - FOGAPI, las administradoras privadas de fondos de pensiones, la Corporación Financiera de Desarrollo SA - COFIDE, el Fondo Mivivienda S.A., los corredores de seguros y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público. Los demás sujetos obligados que forman la primera línea de defensa frente al reciclaje de fondos delictivos quedan exentos de su observancia. Y no es decir poca cosa. Sin embargo, aun cuando los alcances del nuevo Reglamento se reducen a dichos negocios y actividades designadas ello no es obstáculo para que sea estudiado y asumido como pauta en la labor realizada por los diversos órganos de control del sujeto obligado y sobre todo del Oficial de Cumplimiento.

El nuevo Reglamento desarrolla sistemáticamente la gestión de riesgos de lavado de activos, con la siguiente estructura:

Título I: Cumplimiento y gestión de los riesgos de LA/FT.

Capítulo I: Disposiciones generales (Art. 1 al 4).

Capítulo II: Ambiente interno.

Sub capítulo I: Roles y responsabilidades (Art. 5 al 17).

Sub capítulo II: Normas internas (Art. 18 y 19).

Sub capítulo III: Tratamiento del grupo económico (Art. 20 y 21).

Capítulo III: Establecimiento de objetivos (Art. 22 al 24).

Capítulo IV: Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT (Art. 25 y 26).

Capítulo V: Tratamiento de los riesgos de LA/FT.

Sub capítulo I: Conocimiento del cliente (Art. 27 al 32).

Sub capítulo II: Conocimiento del mercado (Art. 33 y 34).

Sub capítulo III: Conocimiento de directores, gerentes, trabajadores, proveedores, contrapartes y subcontratación (Art. 35 al 38).

Sub capítulo IV: Capacitación (Art. 39 al 42).

Sub capítulo V: Relaciones de corresponsalía y operaciones con bancos pantalla (Art. 43 al 46).

Sub capítulo VI: Transferencia de fondos (Art. 47).

Capítulo VI: Actividades de control (Art. 48).

Capítulo VII: Información y comunicación.

Sub capítulo I: Registro de operaciones y contratos (Art. 49 al 51).

Sub capítulo II: Informes del oficial de cumplimiento (Art. 52 y 53).

Sub capítulo III: Conservación de documentos y atención de requerimientos (Art. 54 al 56).

Título II: Detección y reporte de operaciones sospechosas Art. 57 al 61).

Título III: De la evaluación del sistema de prevención del LA/FT (Art. 62 y 63).

Título IV: Corredores de seguros (Art. 64 al 66).

Disposiciones complementarias y finales.

Anexo 1: Listados que contribuyen a la prevención del LA/FT.

Anexo 2: Contenido mínimo del manual de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.

Anexo 3: Criterios mínimos para el sistema de calificación de riesgos de LA/FT para clientes.

Anexo 4: Contenido mínimo de los informes del oficial de cumplimiento.

Anexo 5: Guía de señales de alerta.

Entre las principales innovaciones que el nuevo Reglamento introduce respecto de la normativa antilavado en general, anotamos las siguientes:

La categoría de PEP (Persona Expuesta Políticamente) se adquiere o se conserva hasta los últimos 5 años desde que el cliente dejó el cargo o la función pública, extendiéndose un plazo que en las antiguas Normas era sólo de 2 años. Asimismo, es considerado PEP al colaborador directo (¿?) de la máxima autoridad de la institución (literal l, Art. 2).

Conforme a la legislación vigente, los riesgos de lavado de activos incluía al riesgo de reputación y al riesgo operacional, además del riesgo legal y de contagio, sin embargo, el nuevo Reglamento los excluye expresamente (literal o, Art. 2, in fine). Por citar un ejemplo, en el marco de los sujetos obligados pertenecientes al mercado de capitales y fondos colectivo, el literal z, Art. 2 de la Resolución CONASEV N° 033-2011 refiere la afectación de su imagen y prestigio como causante de pérdida o daño que podría producirse en caso se materialice el riesgo de lavado de activos, en clara alusión al riesgo reputacional.

El nuevo Reglamento inserta el factor de riesgo canales de distribución en el factor productos y/o servicios, reduciendo el número de factores de riesgo de cuatro a tres (Art. 4). Por su parte, el numeral 3.3, Art. 3 de la Resolución CONASEV N° 033-2011 mantiene los factores de riesgo de lavado de activos en número de cuatro: tipo de clientes, productos y servicios, canales de distribución y ubicación geográfica, es decir, como tradicionalmente se ha venido concibiendo.

El nuevo Reglamento regula las responsabilidades del Directorio (Art. 5) y de la Gerencia (Art. 6) en la implementación del Sistema PLAFT y para propiciar un ambiente interno que facilite su ejecución.

Asimismo, deja abierta la posibilidad de designar a un Oficial de Cumplimiento alterno (Art. 9, segundo párrafo), quien deberá cumplir con las mismas condiciones señaladas para el Oficial de Cumplimiento titular (requisitos e impedimentos), excepto en lo que concierne a la categoría de gerente.

A fin de favorecer el suministro de información a las autoridades requirentes, se atribuye al Oficial de Cumplimiento la responsabilidad y función de atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades (literal n, Art. 11).

De igual modo, con el objeto de facilitar el cumplimiento de los temas relacionados con la prevención del lavado de activos, cada sujeto obligado integrante de un grupo económico deberá designar a un coordinador corporativo, manteniendo el Oficial de Cumplimiento la responsabilidad por la observancia del Sistema PLAFT. (Art. 16).

Se delimita la función del Comité de riesgos de LA/FT en el nuevo Reglamento, siendo su única finalidad la de brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción de políticas y procedimientos para el adecuado funcionamiento del Sistema PLAFT (Art. 17). En cambio, su análogo en la Resolución CONASEV N° 033-2011, el Comité para la Prevención del LA/FT tiene además como función la de asistir al Oficial de Cumplimiento en el análisis y evaluación para determinar si una operación inusual es sospechosa o no así como en el análisis para definir a los clientes sensibles y clientes excluidos (segundo párrafo, numeral 20.6, Art. 20).

El nuevo Reglamento introduce un sistema de calificación (scoring) de riesgos de lavado de activos para la ponderación del riesgo de los clientes en base a criterios desarrollados por los mismos sujetos obligados (Art. 22), que en ningún caso podrán apartarse de los siguientes criterios mínimos(Anexo 3):

1) Factor de Riesgos de LA/FT Cliente: Incluye:

a) Distinción entre persona natural y jurídica.

b) Tipo de persona jurídica, de ser el caso.

c) Tamaño de la persona jurídica.

d) Profesión - ocupación / Actividad económica.

e) Condición de sujeto obligado.

f) Distinción entre cliente sujeto al Régimen General / Régimen Simplificado / Régimen Reforzado de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente.

2) Factor de Riesgos de LA/FT Producto: Comprende:

a) Tipo de producto utilizado.

b) Canal de distribución.

c) Moneda.

3) Factor de Riesgos de LA/FT Zona Geográfica: Se debe tomar en consideración el listado de países considerados de alto riesgo por el GAFI, así como aquellos que la empresa haya determinado independientemente de los listados internacionales. También se deberán considerar diferencias entre zonas geográficas nacionales. Abarca:

a) País y localidad de nacimiento / nacionalidad (persona natural) o constitución (persona jurídica).

b) País y localidad de residencia (persona natural) o funcionamiento (persona jurídica).

4) Otros aspectos: Se deben considerar otros aspectos vinculados a las características del diente y/u operaciones a realizar, tales como el volumen transaccional estimado y/o real, así como el propósito de la relación a establecerse con la empresa, siempre que este no se desprenda directamente del objeto del contrato.

Con una descripción escueta similar a lo prescrito por la Resolución CONASEV Nº 033-2011 (segundo párrafo, numeral 3.3., Art. 3), el nuevo Reglamento ratifica la orientación normativa regulando la identificación y evaluación de riesgos (Art. 25) y los indicadores clave de riesgos (Art. 26) que permite conocer el nivel de exposición de las empresas a los distintos riesgos de lavado de activos.

Adicionalmente, establece medidas para conocer a los proveedores en los términos de la debida diligencia para el conocimiento del cliente (Art. 36), debiéndose requerir y actualizar la información y elaborar señales de alerta (¿?).

Finalmente, el nuevo Reglamento incluye los siguientes listados que contribuyen a la prevención del lavado de activos (Anexo 1):

a) Lista OFAC: lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

b) Listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las Listas sobre personas involucradas en actividades terroristas (Resolución N°1267).

c) Lista de terroristas de la Unión Europea.

d) Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluye al menos, la Lista consolidada Resolución ONU 1718, sobre la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y la Lista consolidada Resolución ONU 1737, sobre Irán.

e) Lista de Países y Territorios no Cooperantes.

f) Listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Con diferencia de matices y ciertamente con un mayor grado de perfeccionamiento, las demás disposiciones del nuevo Reglamento ya estaban contenidas en las antiguas Normas.

Por último, es necesario poner de relieve que, tal y conforme aparece estructurado y redactado, el nuevo Reglamento está dirigido principalmente a las instituciones bancarias, por lo que los demás sujetos obligados bajo el ámbito de aplicación de dicha norma deberán adaptarla a sus propios procedimientos operativos, para lo cual debieran trabajar en coordinación con el regulador a fin de evitar incurrir en riesgos legales. Por otro lado, el regulador debe estar en condiciones de contribuir con los sujetos obligados para la debida adecuación al nuevo Reglamento, toda vez que no todas las empresas y negocios obligados cuentan con el mismo grado de capacitación y experiencia que los bancos. Finalmente, según se adelantó líneas arriba, los sujetos obligados no comprendidos por este dispositivo, podrán utilizar sus diversos preceptos como buenas prácticas en lo que resulte aplicable, sobre todo porque incide directamente en su propia protección frente a la posibilidad de verse comprometido con acciones ilícitas del lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, hoy en día en el Perú más vigente que nunca.

[1] En razón del tratamiento asignado al concepto de riesgos de lavado de activos, utilizaré como norma de referencia a la Resolución CONASEV Nº 033-2011, modificada por la Resolución SMV Nº 007-2013.

[2]Empresas de operaciones múltiples: empresa bancaria, empresa financiera, cajas municipales de Ahorro y Crédito, cajas municipales de crédito popular, Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa – EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público, Caja Rural de Ahorro y Crédito; empresas especializadas: empresas de capitalización inmobiliaria, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoring, empresas afianzadora y de garantías, empresas de servicios fiduciarios, empresas administradora hipotecaria; los bancos de inversión; y, las empresas de seguros.

Reseña profesional del autor:

Abogado peruano, titulado por la Universidad San Martín de Porres, Especialista en prevención del lavado de activos, Autor del Libro "Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos". Conferencista nacional e internacional. Colaborador de la Revista Jurídica Actualidad Penal.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    349 | Roberto - 06/05/2016 @ 17:44:14 (GMT+1)
    Tienes algun modelo de como se construye todo esto, porque la explicacion y reseña esta dada, pero la elaboracion de la misma creo que sera algo complicada para las entidades pequeñas como las cooperativas por ejemplo...

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