El 18 de junio se presentó por Uruguay la "Estrategia nacional anti lavado de activos y lucha contra el terrorismo basada en riesgos" 2012.
En el evento de presentación participaron el presidente de la República,José Múgica; el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el jefe de asesores en materia antilavado Mathew Byrne; el director de la Secretaría Ejecutiva Antilavado, Carlos Díaz; el director de la Unidad de Análisis e Información Financiera del Banco Central del Uruguay (BCU), Daniel Espinoza; y los técnicos del Fondo Monentario Internacional (FMI), Mariano Federici y Carolina Cléber .
La Estrategia 2012 contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012 incluye una serie de objetivos de prevención, detección y represión del delito organizado. Para el prosecretario Diego Cánepa, la lucha contra el lavado de dinero es clave porque pone en riesgo la base de la democracia.
En el conjunto de objetivos se destacan los de prevención, detección e inteligencia financiera y la represión penal. Entre ellos se destacan: fortalecer las capacidades institucionales, profundizar el enfoque de supervisión basado en riesgos en el ámbito de la superintendencia de servicios financieros, fortalecer la transparencia de personas físicas y jurídicas, fortalecer la prevención en el marco del comercio exterior, generar inteligencia financiera y la cooperación internacional, y fortalecer el sistema judicial penal especializado en delitos organizados.
La estrategia tiene seis objetivos vinculados al fortalecimiento institucional: la armonización del marco legal, la creación de un sistema de información sobre lavado de activos, fortalecer el conocimiento de los riesgos, las medidas y políticas para mitigarlos, institucionalizar el desarrollo de políticas permanentes y consolidar la lucha contra el lavado de activos.
Diego Cánepa enfatizó que “el país ha elegido ser un país serio”. “Uruguay tiene calidad institucional, seguridad jurídica y confianza en las instituciones”, añadió. También subrayó que para nuestro país la prevención del terrorismo es importante porque “es un crimen que socava la democracia, el sistema que elegimos para hacer los cambios del país”.
Por su parte, Matthew Byrne subrayó que las dos fortalezas principales del Uruguay son su alta coordinación institucional y su voluntad política para realizar los cambios propuestos. El secretario ejecutivo Carlos Díaz complementó sobre la relevancia del combate a este delito y lo catalogó como "una cuestión de soberanía", pues el lavado de activos se transformó en una amenaza al poder del Estado y a su vez puede presentar inconvenientes para el normal flujo de inversiones productivas a un país.
En la estrategia se contemplarán diversos sectores y la políticas específicas para tratarlos
Informa elobservador.com.uy que el control de las organizaciones sin fines de lucro fue una nueva recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lanzada en febrero pasado. Si bien el foco se pondrá ahora en esas actividades, fuentes de la Secretaría Antilavado señalaron que por el momento no detectó nada ilícito en esas áreas aunque tienen sospechas por los antecedentes en otros países.
Tambien se registró una recomendación en torno a profundizar los controles en el sector de juegos de azar. Esto involucrará un mayor numero de reportes a los que estarán obligadas las empresas que operan licencias legales en el territorio y una mirada atenta sobre las operaciones que se realicen desde territorio uruguayo sobre la actividad de juego por dinero a traves de Internet. Esta actividad no esta regulada en el país rioplatense.
"El corazón de la estrategia será despojar de sus bienes a las empresas criminales para desmantelarlas", explicó la fuente.
Por ello, entre los objetivos estará reforzar la investigación sobre los patrimonios ilícitos para lo cual se preparó personal con cursos dictados por el Departamento del Tesoro de EEUU. Las autoridades especializadas en el tema entienden que los principales agentes generadores de riesgo en Uruguay "parecen ser criminales internacionales", según un documento de la Secretaría Antilavado.
La fuerte persecución de los narcos que se da en otros países de la región los obliga a "moverse hacia el sur" en busca de plazas más seguras para actuar. La Policía y la Justicia uruguaya también detectaron una creciente presencia de organizaciones criminales mexicanas y colombianas y temen que estén operando en el país.La estrategia nacional, que apunta a analizar el riesgo de las distintas actividades, también prevé "fortalecer la transparencia de personas y estructuras jurídicas para evitar que sean utilizadas con fines ilícitos", según el documento oficial.
Por otro lado se reforzará la protección a testigos así como de todos los funcionarios involucrados en la lucha antilavado. No obstante, expertos consultados señalaron que esa medida "es poco aplicable" en un país pequeño como Uruguay donde es difícil "esconder a un colaborador de la Justicia" sin llamar la atención.
Otro sector de "alto riesgo" es el inmobiliario. Es allí y en los demás obligados a reportar (escribanos, inmobiliarias, casas de venta de antigüedades, rematadores, casinos y zonas francas) donde se "profundizarán" los controles.El sector no financiero debe ser controlado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN).El documento oficial que presentará el presidente José Mujica y sobre el que se trabajó más de un año con el sector privado al que se considera "un aliado", estableció que las actividades de riesgo de lavado en Uruguay son bastante similares a las identificadas en otras partes del mundo "y no aparecieron modalidades novedosas o especiales que ameriten controles diferentes a los establecidos por las recomendaciones internacionales.
De la evaluación al país se desprende que el único sector con controles fuertes es el financiero, mientras que los demás (casinos, inmobiliarias, por ejemplo) tienen controles medianos; y las asociaciones, fundaciones y ONG (clubes deportivos e iglesias, entre otros) tienen controles débiles".
El Fondo Monetario Internacional, que junto a GAFI evalúa a los países, estableció que comercio exterior, turismo, construcción, el sector agroindustrial y deportes figuran "en las mediciones de riesgo" y por ello deberían ser abordados.
Leonardo Costa, experto en antilavado y ex presidente de Gafisud (organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur) afirmó que de los casos investigados en Uruguay y que terminaron con procesamientos de la Justicia por lavado de activos, 90% involucró a la compraventa de inmuebles.Por su parte, Ricardo Sabella, codirector del certificado de prevención de lavado de activos de la Universidad Católica, dijo que "Uruguay tiene las mismas vulnerabilidades que los países de la región". Una región que definió como "geográficamente complicada, con economías con alta informalidad, una fuerte corrupción y una triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que son limítrofes o cercanos a Uruguay".A pesar de ese entorno, Gafisud valoró mejor a Uruguay que a Argentina y Brasil, por su política antilavado y el cumplimiento de las observaciones. El experto señaló que antes el lavado se vinculaba a los bancos y hoy se involucró a la economía real. "Ahí, Uruguay es vulnerable por tener sectores poco controlados", afirmó.
Por otra parte, cabe recordar que el 30 de mayo el presidente de Uruguay firmó la Resolución de creación de un grupo de trabajo para estudiar los cambios normativos necesarios en la legislación antilavado
El grupo de trabajo estará integrado por representantes del Ministerio de Economía, de la Dirección General Impositiva, el Banco Central y otros organismos citados por la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. El equipo deberá expedirse antes del 31 de diciembre con un informe que servirá como base para elaborar una norma que responda a los nuevos estándares internacionales en materia de prevención y represión del delito.
La intención es adaptar la legislación nacional a las exigencias aprobadas en febrero de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que planteó la necesidad de combatir cualquier sistema que aporte a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La idea de incluir el delito fiscal como precedente en casos de lavado había sido planteada en marzo en el Parlamento por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
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