Ecuador tiene una nueva cita con el GAFI en la reunión plenaria de este organismo que tendrá lugar en Roma, del 20 al 22 de junio próximo. En esta reunión se decidirá sobre la eventual clasificación de Ecuador, y otros países, en la lista negra de GAFI de países con deficiencias graves en sus sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Ecuador venía estando clasificado en la lista gris del GAFI, es decir, países con deficiencias pero que en coordinación con el GAFI trabajan en un plan para remediar las deficiencias. La clasificación en la lista gris supone un que el país ha presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias a través de un plan de acción a implementar de forma expeditiva trabajando con el Gupo regional estilo GAFI al que pertenezcan, en este caso el GAFISUD.

Sin embargo, en el pasado plenario del GAFI de febrero de 2012 Ecuador fue advertido, junto a Filipinas, Vietnam y Yemen,  de que podía pasar a la lista negra. Y esta clasificación sí tiene consecuencias directas pues supone ser unos de los 15 países sobre los que el GAFI pide a la comunidad financiera internacional que a que tengan en cuenta los riesgos derivados de las deficiencias de los sistemas anti lavadode estos países, entre los que se encuentran Bolivia y Cuba. A partir de la advertencia del GAFI cada país decide cómo plasma este aviso de riesgo en su sistema financiero, bien como un mero indicador de riesgo para las transacciones con estos países bien mediante la obligación de adoptar medias adicionales de diligencia para los clientes y o transacciones con origen en los países de la lista. En cualquier caso, el pertenecer a la selectiva lista negra trae aprejados siempre altos costes reputacionales y tambén económicos.

Tras la decisión del GAFI en febrero, el presidente de Ecuador mostró un gran malestar y calificó la medida como injusta.

Correa en declaraciones al elciudadano.gob.ec fue enfático en señalar que el GAFI no tiene ninguna injerencia porque no cuenta con personería jurídica. A esto añadió que los funcionarios que asistente a las reuniones no están capacitados para tomar decisiones y puso como ejemplo el despido del representante argentino, luego de avalar  la decisión de colocar a nuestro país en la lista de naciones de alto riesgo.

“Cómo es posible que por restablecer relaciones con Irán se nos ponga en una lista  junto a Angola, Etiopía, Corea del Norte y el mismo Irán y se nos diga que somos sospechosos de lavado de activos y financista del terrorismo. Quién puede aceptar esa mentira. Cómo podemos aceptar algo así en pleno Siglo XXI. No somos colonia de nadie y en Cancún América Latina dio el apoyo al país”, dijo el Jefe de Estado. Aseguró que para luchar contra el crimen  organizado se va a impulsar la creación de una instancia regional, como ya se lo hizo con la Comunidad de Estado Latinoamericanos y del Caribe. “No tenemos que dar cuentas a nadie”.

En mayo se produjo el relevo de Gustavo Iturralde como Director de la Unidad de Análisis Financiero, siendo nombrado como nuevo Director el hasta entonces Subdrector de la Unidad, Byron Ramiro Valarezo Olmedo. Entre las causas del cambio se citan por la prensa la polémica suscitada por las declaraciones de Iturralde sobre el volumen de lavado de dinero que habría en el país. Ver artículo de controlcapital.net sobre el tema AQUI 

Las reformas realizadas por Ecuador

El  Procurador General del Estado, Diego García Carrión, puso en conocimiento del GAFI las acciones más recientes desarrolladas por Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Estas acciones ya fueron presentadas en una reunión preparatoria en Miami el 17 de mayo pasado, y serán analizadas en la reunión del Grupo de Revisión de  las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés), del GAFI que se desarrollará el lunes 18 de junio, antes de la sesión plenaria.

En su carta, el Procurador García destaca el reporte de monitoreo presentado el 20 de abril por Ecuador all ARRG, documento que contiene la actualización de los avances alcanzados contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desde la anterior reunión plenaria del GAFI, realizada en París en febrero de este año.

Entre los principales avances que registra Ecuador en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, destacan las Resoluciones JB-2012-2146 y JB-2012-2147 de la Junta Bancaria que contienen las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Instituciones del Sistema Financiero y las Normas para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Personas Naturales y Jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado, que fueron publicadas en el Registro Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.

La Resolución SC.DSC.G.11.012 de la Superintendencia de Compañías, que contiene las Normas para la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos para las Compañías Dedicadas al Servicio de Transferencia Nacional o Internacional de Dinero o Valores; y para las que se Dedican al Transporte Nacional o Internacional de Encomiendas o Paquetes Postales, publicada en el Registro Oficial No. 617 del 12 de enero de 2012.

La Resolución CNV-2011-008 del Consejo Nacional de Valores, que contiene las Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, publicada en el Registro Oficial No. 693 del 30 de abril de 2012.

La inclusión, en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), de textos alternativos con disposiciones legales que se ajustan a los términos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y su Anexo, y a las recomendaciones formuladas por el GAFI, con el objetivo fundamental de regular expresamente la tipificación del terrorismo y su financiación, y establecer el congelamiento de activos terroristas.

Esta propuesta fue expuesta por el Procurador General del Estado el 21 de marzo de 2012 en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, instancia que, a partir del 28 de mayo, fue convocada para analizar la normativa completa que comprende el COIP.

No obstante que este cuerpo normativo propone una reforma integral del sistema penal ecuatoriano, que ha implicado un proceso de estudio pormenorizado y ha merecido la participación de todos los sectores de justicia involucrados en su aplicación, la mencionada Comisión aprobó este miércoles 13 de junio, el informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate, una vez que sea puesto en el orden del día por el Presidente del Legislativo, lo cual se espera ocurra en las próximas semanas.

La aprobación del Plan de Acción Continuo en Materia de Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, por parte del Directorio del CONCLA en sesión del 17 de abril de 2012, documento en el que se acogen las acciones recomendadas por el GAFISUD en el informe de evaluación mutua de Ecuador, conocido y aprobado por el pleno de dicho organismo en diciembre de 2011.

La objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delito; y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionada con la administración temporal, devolución y comiso especial y dominio definitivo de los bienes que sean objeto de medidas cautelares en los procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos, a cargo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), enviada a la Asamblea Nacional el 23 de mayo pasado.

 El veto del Ejecutivo, al que se allanó el Legislativo este 14 de junio, permitirá aclarar y aplicar efectivamente el régimen de administración temporal al cual se sometan los bienes objeto de medidas cautelares reales en los procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos.

La designación del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por parte del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 14 de mayo de 2012, con lo cual esta nueva Superintendencia deberá estructurarse y desarrollar su actividad como organismo de control del sector de cooperativas y del mercado de economía popular y solidaria, de conformidad con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

En palabras del Procurador General del Estado, “una vez más dejamos constancia de que el Estado ecuatoriano continúa desarrollando acciones acertadas y efectivas para prevenir, detectar y erradicar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Una muestra inequívoca de ello es, por citar una de las acciones más relevantes, el articulado incluido en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuyo informe acaba de ser aprobado para primer debate en la Asamblea Nacional, y que contempla reformas expresas en este ámbito que se ajustan totalmente a la normativa internacional”.