www.controlcapital.net

La UAF de Ecuador prepara su lista de PEPs, análisis por ControlCapital.Net

Ecuador se puso manos a la obra para responder a las recomendaciones del GAFI y GAFISUD y estar a la última en cuanto a normativa sobre estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero. También aconsejaba la actualización la decisión que el GAFI adoptará en la semana del 18 de junio sobre la ubicación del país en las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado.

Los estándares fueron objeto de revisión por el GAFI en febrero pasado con la revisión de las Recomendaciones sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, siendo una de las principales modificaciones el reforzamiento de la diligencia en las transacciones con las personas políticamente expuestas conocidas como PEPs.

Entre las modificaciones principales se situaba el que la diligencia reforzada sobre PEPs se aplique no sólo a las personas extranjeras sino también a las nacionales que ocupen posiciones de relevancia pública.

Ecuador con su Instructivo sobre PEPs ha articulado una obligación sobre PEPs muy ambiciosa y más extensa que la de otros países.

- Se establece la diligencia reforzada obligatoria sobre todos los PEPs, extranjeros y nacionales. El GAFI sólo obliga respecto a los PEPs extranjeros y con los PEPs nacionales sólo en las relaciones de mayor riesgo)

- Se establece el periodo de 2 años ( 1 año en Chile) desde que se cesó en el ejercicio de la función pública para ser considerado PEP

- Se extiende el régimen a los familiares de los PEPs hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad (sólo el primer grado en la directiva europea).

Mediante Instructivo RO 6999, publicado el 9 de mayo y suscrito por el Director de la unidad de Análisis Financiero-UAF (el dimitido recientemente Gustavo Iturralde) se aprobó por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos el régimen para el control de los PEPs que deben realizar en Ecuador las entidades obligadas a la prevención del lavado de activos.

La UAF deberá publicar en su página web el listado de las categorías de puestos que se consideran PEP para el 8 de julio próximo.

La entidades reportantes debérán identificar quienes de entre sus clientes se encuentran en la categoría de PEPs antes del 1 de enero de 2013

La elaboración de la lista de PEPS

El instructivo dispone que la UAF publicará en 60 días en su página internet la lista mínima de puestos cuyos funcionarios serán considerados PEPS, sin perjuicio de que las entidades obligadas a reportar a la UAF puedan aplicar los controles de debida diligencia ampliada a otras personas que sin estar incluidas en la lista coincidan con la definición del artículo 1. La UAF, de ser necesario, realizará actualizaciones anuales de la lista.

Parece pues que la UAF establecerá qué categorías de puestos públicos nacionales y extranjeros determinan que las personas que los ocupan tengan la condición de PEP y, por ende, serán sujetos a las medidas reforzadas de conocimiento del cliente y vigilancia de las transacciones. En este sentido, Ecuador ha optado, a diferencia de otros países, por ayudar a las entidades reportantes a disponer de una lista de categorías específicas de puestos públicos que obligan a las entidades a realizar un control reforzado.

Sin embargo, plantea algunas dudas la precisión de que las entidades obligadas a reportar pueden aplicar los controles de debida diligencia reforzada a otras personas que no están en la lista de la UAF pero coincidan con la definición del artículo 1.

Esta redacción puede responder a la previsión del nuevo estándar GAFI que en su Recomendación 12 establece (obligación mínima ampliable por los países) que se determine por las entidades financieras en todo caso si alguien es un PEP nacional y que a partir de aquí se aplique la diligencia reforzada sólo a las relaciones de mayor riesgo.

Pero, por otra parte, parece que la categorización de los PEPs se construye como un sistema mixto pues la UAF actualizará la lista oficial mínima con aquellos cargos identificados por los sujetos reportantes que no estaban en la lista inicial de la UAF.

¿Significa que es facultativo para las entidades financieras considerar y dar tratamiento PEP a personas que no están en las categorías de la lista de la UAF? .¿Si un banco no considera PEP a un cliente porque no está en la lista de la UAF y no cree que entre en la definición genérica del artículo 1 , podría su actuación ser reprochada y sancionada por la UAF a posteriori?. En suma, la redacción del Instructivo no aclara del todo si finalmente la lista de la UAF es taxativa y vinculante en cuanto a lo exigible a los bancos , o bien ejemplificativa y de mínimos pero que no exonera de responsabilidad a la entidad obligada a realizar un examen particularizado de cada caso para valorar si un cargo o función pública puede considerarse destacada en Ecuador o en el extranjero.

La definición de PEP

El instructivo refleja en su artículo primero la definición de PEP establecida en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.

Asi se define como: el nacional o extranjero que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, por ejemplo, Jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos, así como su cónyuge y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y sus colaboradores cercanos”.

Las obligaciones para las entidades de debida diligencia ampliada sobre los PEPS

  • Contar con procedimientos que permitan determinar cuando un cliente entra en la categoría de PEP. En particular cruzar la información laboral o de otro tipo aprobada por el cliente con la lista de PEPs de la UAF y exigir la cliente la suscripción de la Declaración Juramentada sobre la condición de PEP” contenida como anexo de la Resolución.
  • Obtener la aprobación de la alta gerencia o de los altos niveles jerárquicos de los sujetos obligados para iniciar las relaciones con este tipo de clientes.
  • Requerir la actualización de datos laborales y de la Declaración Juramentada al menos una vez al año
  • Reforzar las medidas para determinar el origen de los fondos o activos que involucres sus operaciones
  • Llevar a cabo un seguimiento especial, permanente y exhaustivo de las relaciones de este tipo de cliente
  • Remitir a la UAF las operaciones inusuales o injustificadas con especial diligencia dejando constancia de la participación de un PEP

La redacción del Instructivo sigue las pautas y espíritu del GAFI en la construcción de las obligaciones de diligencia reforzada de PEPs. Se establece para todas las relaciones comerciales , las nuevas y las preexistentes; no se limita a la manifestación personal del cliente con la declaración juramentada sino que se exije la diligencia propia de la entidad que debe consultar con las listas de la UAF y se extiende el régimen de PEPS a lo beneficiarios finales.

La puesta en ejecución de la obligación respecto a los PEPs y los criterios que ejerza el supervisor nos mostrarán cómo se resuelve el gran quid de la obligación de identificación de los PEPs: es suficiente la Declaración Juramentada y el contraste con la lista de la UAF o es exigible que los sujetos obligados accedan y comprueben los nombres de los clientes en los listados de cargos públicos, por sí mismos o a través de las soluciones comerciales que existen en el mercado.

Consulte AQUI el Instructivo sobre PEPs de Ecuador

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (7)    No(1)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

Comenta esta noticia (Login)
Normas de uso
  • Esta es la opinión de los internautas, no de Control Capital
  • No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
  • La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.
  • Tu dirección de email no será publicada.
  • Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.