El presidente del Gobierno español,Mariano Rajoy, adelantó  en el Congreso de los Diputados la aprobación por el Consejo de Ministros del 13 de abril del plan anunciado el 5 de enero para luchar contra el fraude fiscal con el que se pretende recaudar 8.171 millones de Euros en 2012

En su intervención Rajoy concretó una de las medidas más relevantes que habían sido avanzadas anteriormente, la limitación de pagos en efectivo para determinadas operaciones. El umbral a partir del cual no se podrán realizar pagos en efectivo se sitúa en 2.500 Euros y el tipo de operación sujeto a la limitación está determinado por la intervención en la transacción de al menos un empresario profesional. Por otra parte, el incumplimiento de las nuevas restricciones podrá suponer multas de hasta el 25% de las cantidades pagadas.

La medida no afectará a los pagos por servicios entre particulares pero sí que afectará a autónomos y empresas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a RTVE.es. La ley, que aún está en preparación, establecerá además un procedimiento para evitar que se fraccione el pago con la intención de eludir la norma.

 Un ejemplo: un particular no podrá pagar más de 2.500 euros en efectivo a un autónomo por una reforma en su casa. Y, si la factura es de 4.000 euros, tampoco podrá efectuar dos pagos de 2.000 euros.

El Secretario de Estado de Hacienda, aseguraba el 20  de febrero que el Gobierno se inspiraría en los modelos de Francia e Italia, países en los que se coloca el límite de posible pago en efectivo en 3.000 y 5.000 euros, respectivamente.

El sindicato de  Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta, porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica queseguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.

En un comunicado, el colectivo explica que teme que la medida resulte "poco eficaz" para terminar con las bolsas de fraude que  habitualmente utilizan billetes de 500 euros, el instrumento "idóneo" para saldar operaciones al margen del fisco, como las tramas de  facturas falsas o falseadas, el fraude carrusel en el IVA y el  vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.

Además, recuerda que generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe)como el IVA (del 4%  al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe "muy superior" al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pillados por Hacienda.

 El Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de que existan sanciones intermedias inferiores (incluso a la cuarta parte del importe desembolsado en efectivo), lo que en algunos casos haría que saliera todavía más a cuenta defraudar que cumplir con la legalidad. 

Por otro lado, los técnicos consideran que esta medida no acabará con el fraude de forma automática porque la imposición de una multa, al no existir una cuota defraudada,impide la imputación por delito fiscal, según el cual el defraudador estaría obligado a afrontar  -además de la sanción- los pagos derivados del IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF en el caso de un autónomo.